La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este martes, de forma unánime y en primera de las dos legislaturas necesarias, una reforma parcial constitucional que excluye a los considerados ‘traidores a la patria’ o ‘golpistas’ participar en los comicios electorales, a la par que amplía el mandato presidencial de seis a siete años. El texto, que ha sido leído por los diputados de la Asamblea Nacional, da potestad al Consejo Supremo Electoral para quitar la personería jurídica a partidos políticos financiados por Estados Unidos, y excluye a los ‘traidores a la patria’ o ‘golpistas’ de la participación en las elecciones.
Este paso, que llega apenas unos meses después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmara que ‘no volverá a haber elecciones en el país’ y apuntara a futuras ‘leyes’ para impedir cualquier comicio, ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que alerta de que esta reforma constitucional constituye un ‘intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos’. La reforma se suma a un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico que se intensificó desde la represión de las protestas de 2018, en las que más de 300 personas fueron asesinadas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha anunciado la aprobación de la reforma, que entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura en 2027. El líder sandinista, Daniel Ortega, quien gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo, en el 47º aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, ha señalado que su Administración trabajará ‘con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes’ para hacer leyes que levantaran ‘un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias’, en alusión a la oposición. La reforma amplía el mandato presidencial de seis a siete años prorrogables para los cargos de copresidentes, de elección popular, jefaturas del Ejército, la Policía y los de designación ejecutiva y legislativa. El proyecto de reforma ha sido criticado por Amnistía Internacional, que ha recordado que la reforma de 2025 eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia.
El exguerrillero y secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que logró derrocar a la dictadura de la familia Somoza y se instaló en el poder en 1979, gobierna Nicaragua desde que llegara por segunda vez al Gobierno en 2007. Ahora, a sus 80 años, continúa en el Ejecutivo, que dirige junto a Rosario Murillo, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta del país tras haber ejercido entre 2017 y 2025 como vicepresidenta, cargo extinto después de su promoción.
El pie de foto, que muestra el texto de la reforma, resalta el hecho de que la Asamblea Nacional ha aprobado una reforma que limita la participación de partidos estadounidenses y exime a los ‘traidores a la patria’ en las elecciones.
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