Procesaron al dueño de Manaos por evasión fiscal y trabaron millonarios embargos

Se armó tremendo lío en el mundo de las bebidas. La Justicia federal de Morón decidió procesar a Orlando Canido, el peso pesado detrás de la popular gaseosa Manaos, junto a su firma Refres Now, por una movida de evasión tributaria vinculada al Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2020. Como si fuera poco, el fallo metió un tremendo freno al bolsillo con embargos de 250 millones de pesos para cada uno. Desde la compañía salieron a cruzar fuerte la medida, asegurando que pagaron lo que correspondía y que todo se trata de una persecución armada por la competencia.

El meollo del asunto gira alrededor de unos 400 millones de pesos que quedaron sin justificar dentro de un préstamo de 650 millones que figuraba en los libros contables. Según la lupa de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), solo una parte menor estaba en regla, mientras que el resto era un pasivo inventado para achicar la base imponible. Por su parte, la defensa de Canido se plantó y explicó que la plata vino de un préstamo entre particulares que se hizo en efectivo —algo moneda corriente en el rubro— y que ya se saldó. Para colmo, el amigo que prestó la guita falleció, lo que complicó juntar los papeles que faltaban.

La bronca de la empresa y el faltante de papeles

Los abogados defensores metieron una apelación a fondo en la Cámara Federal de San Martín para dar vuelta el procesamiento. Entre sus principales quejas, apuntaron contra el fisco por no haberles ofrecido el famoso formulario 3200 para arreglar el entuerto antes de mandar la denuncia penal a los tribunales. Desde la empresa sostienen que ya abonaron cifras millonarias por ajustes de otros períodos y que toda esta movida responde a carpetazos y presiones de la Cámara de Mayoristas.

Mientras los abogados mueven fichas en la Justicia, del lado de la producción aseguran que las medidas cautelares no pinchan ni cortan el laburo diario. Con plantas a pleno en La Matanza y una facturación mensual que muerde los 40 mil millones de pesos, la fábrica sigue adelante con sus líneas de producción mientras espera que la Cámara revise el expediente y decida si desactiva el procesamiento.