La coalición republicana formalizó el anuncio de una denuncia penal contra Sandra Lazo, ministra de Defensa Nacional, por la presunta comisión del delito de abuso innominado de funciones, al término de las actuaciones de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes que analizó la cancelación del contrato con el astillero español Cardama. El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, ejerció como vocero principal del bloque opositor durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Legislativo, donde detalló los fundamentos jurídicos y políticos que sustentan la acción penal que será radicada formalmente ante la sede judicial competente en el transcurso de los próximos días.
Según lo expuesto por los parlamentarios del bloque opositor, las irregularidades más severas en el manejo del expediente de las patrulleras oceánicas (OPV) se verificaron tras el cambio de mando institucional producido el 1° de marzo de 2025. Abdala enfatizó que la evidencia reunida durante los cinco meses de labor en la comisión asesoramiento demostró que las autoridades de la cartera tenían la determinación firme de discontinuar el vínculo contractual desde las primeras semanas de gestión. Pese a esa orientación administrativa, la oposición cuestionó que la administración continuara ejecutando transferencias financieras hacia la firma astillera española.
En esa línea de análisis, el legislador nacionalista remarcó que en mayo de 2025 la decisión política de resolver el contrato se encontraba plenamente adoptada por las jerarquías de la cartera. No obstante, en junio de ese mismo año el Ministerio de Defensa procedió a desembolsar 12 millones de euros a favor de la empresa proveedora. En total, la oposición calcula que la presente gestión de gobierno transfirió unos 20 millones de euros vinculados a la ejecución de un compromiso comercial que, según sus conclusiones, las propias autoridades ya pretendían rescindir desde el inicio del período.
Asimismo, la bancada de la coalición hizo hincapié en que existió una omisión prolongada de los deberes de fiscalización, señalando que durante un lapso de siete meses no se realizaron las tareas de seguimiento técnico ni de control administrativo sobre el proceso constructivo de los buques en las instalaciones navales. Sumado a estos señalamientos económicos y operativos, la oposición colocó especial énfasis en la supuesta injerencia de personas ajenas a la plantilla funcional del Ministerio de Defensa en actuaciones de carácter confidencial.
Abdala atribuyó responsabilidad directa a la ministra Lazo por haber autorizado que personas sin vínculo formal con la secretaría de Estado intervinieran a lo largo de varios meses en el desarrollo de pesquisas, accedieran a documentación clasificada e interrogaran a altos mandos militares, incluyendo a almirantes de la Armada Nacional y al propio comandante en jefe de la fuerza naval. Estas actuaciones, que sirvieron posteriormente de insumo para investigaciones administrativas internas, constituyen a juicio de la coalición una conducta configurativa de abuso de funciones y, eventualmente, una usurpación de atribuciones públicas.
Los argumentos de la coalición para la denuncia penal contra Sandra Lazo
Durante la exposición brindada ante los medios de comunicación, los diversos referentes de la oposición estructuraron sus críticas en dos ejes centrales: el cuestionamiento severo a los procedimientos administrativos del actual gobierno y la defensa técnica de la licitación original con el astillero Cardama. El diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campos, intervino para respaldar el proceso de adquisición gestado en la administración anterior, aseverando que la operación de compra de las patrulleras se ajustó rigurosamente a las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
Campos remarcó que la adjudicación al astillero español contó con la aprobación oportuna del Tribunal de Cuentas, organismo que no formuló observaciones legales al expediente. Del mismo modo, el parlamentario colorado subrayó que ninguna de las empresas competidoras que participaron en el llamado público presentó impugnaciones ni reclamos administrativos contra la decisión tomada. Desde su perspectiva, la determinación de volcarse por la oferta de Cardama respondió a ponderaciones estrictas sobre plazo de entrega y costo económico, contando además con el aval técnico de los profesionales de la Armada Nacional.
En idéntico sentido se pronunció el diputado del Partido Nacional, Gabriel Gianoli, quien hizo un balance de los cinco meses de labor parlamentaria y la redacción de cuatro informes parciales dentro del ámbito de la comisión investigadora. Gianoli fue enfático al declarar que en ninguna de las etapas indagatorias se hallaron indicios o pruebas de actos de corrupción vinculados a la compra original. El legislador calificó el proceso de rescisión encarado por las autoridades como una maniobra de índole política que acarreará graves perjuicios patrimoniales y de defensa estratégica para la República.
Gianoli puntualizó que, tras haber realizado pagos por un monto acumulado de 28 millones de euros, el país carece actualmente de los buques de patrullaje requeridos para la vigilancia del mar territorial y mantiene una incertidumbre absoluta sobre la recuperación efectiva de los caudales públicos invertidos. El representante nacionalista acusó además al Poder Ejecutivo de haber ocultado documentación relevante a los integrantes de la comisión investigadora y de haber faltado a la verdad durante las citaciones parlamentarias.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, extendió la mirada crítica hacia la actuación de otros altos cargos de la administración central. Sotelo puso el foco sobre las conductas asumidas por el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, al estimar que diversos comportamientos observados a lo largo del trámite podrían configurar infracciones a las normas éticas y legales de la función pública.
Cuestionamientos a jerarcas de Presidencia y la controversia en Fiscalía
El análisis efectuado por Sotelo se centró en evaluar si los jerarcas del Poder Ejecutivo actuaron en consonancia con las exigencias plasmadas en la Ley 19.823, que establece el Código de Ética en la Función Pública. En particular, el parlamentario invocó el artículo 23 de dicha norma, sosteniendo que la mera alusión a una garantía financiera inconsistente o insuficiente no resultaba un argumento jurídico ni económico válido para fundamentar una rescisión contractual de esa envergadura, calificada por la oposición como notoriamente ruinosa para las arcas del Estado.
El representante del Partido Independiente cuestionó además que, transcurridos diez meses desde el anuncio formal de la cancelación del contrato con el astillero español, el Poder Ejecutivo no haya presentado los cálculos técnicos ni los análisis económicos que motivaron la recomendación firmada por el presidente de la República. Sotelo argumentó que el ocultamiento o la ausencia de este respaldo analítico deja al descubierto una toma de decisiones carente de fundamentación legal y administrativa.
En su intervención, Sotelo abordó asimismo la controversia desatada entre el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y el fiscal Diego Pérez. El legislador recordó que el representante del Ministerio Público acusó públicamente a Díaz de haber ejercido una indebida injerencia política para incidir en la conformación de la Fiscalía de Delitos Económicos, sede judicial que tiene a su cargo la instrucción de causas de elevada sensibilidad pública, entre las cuales figura la investigación sobre el caso Cardama.
Según el planteo expuesto en la conferencia de prensa, las severas declaraciones del fiscal Pérez respecto a presuntas presiones motivadas por intereses personales por parte de un alto funcionario de la Presidencia representan un hecho de gravedad institucional inédita. Para la bancada opositora, estas expresiones deben ser integradas al marco de análisis sobre la actuación general del gobierno en torno al expediente naval, sumando elementos de duda sobre la transparencia en el manejo del caso.
A estos elementos, Sotelo añadió una recriminación directa hacia el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, derivada del incumplimiento en la remisión de información requerida a través de canales parlamentarios. El diputado afirmó haber cursado un pedido formal de informes destinado a verificar el apego de las actuaciones oficiales a los estándares del Código de Ética, obteniendo como respuesta una notificación que no adjuntó la documentación solicitada. Debido a esta omisión, el legislador atribuyó responsabilidad administrativa al secretario gubernamental.
Escenario judicial y derivaciones políticas de la investigación parlamentaria
La culminación de los trabajos en la comisión investigadora de la Cámara de Representantes marca el cierre de la etapa de indagatoria legislativa y el traspaso del conflicto hacia el fuero penal. Los integrantes de la coalición de gobierno argumentan que la vía judicial resulta imprescindible para dirimir la eventual existencia de delitos en la conducción del Ministerio de Defensa y evaluar si existió una extralimitación sistemática en el uso de las potestades públicas por parte de sus jerarcas.
La presentación del escrito acusatorio ante la sede de la Fiscalía General de la Nación se constituirá en el hito formal que pondrá a prueba los argumentos esgrimidos por la oposición. La investigación judicial deberá examinar de forma pormenorizada si la participación de personal ajeno a la secretaría de Estado en el interrogatorio a mandos navales vulneró las normativas estatutarias de las Fuerzas Armadas y el régimen de reserva de la información militar.
Paralelamente, los tribunales competentes deberán analizar la trazabilidad de los pagos efectuados durante el período posterior a marzo de 2025 y establecer si los desembolsos realizados en junio de ese año, por un monto de 12 millones de euros, se ajustaron al ordenamiento jurídico o si configuraron una lesión intencional al erario en el marco de la denuncia penal contra Sandra Lazo.
El desenlace de esta controversia continuará marcando el debate político nacional en los próximos meses, en la medida en que la Justicia penal comience a citar a las partes involucradas, recabe los testimonios de los jerarcas mencionados y determine la eventual existencia de responsabilidades imputables a las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República.
Leave a comment