El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas califica como arbitraria la detención de Pedro Castillo y pide al Estado peruano su liberación inmediata, además de una indemnización por violaciones a derechos humanos. Esta detención de Pedro Castillo ocurrió el 7 de diciembre de 2022, horas después de que anunciara la disolución del Congreso, y desde entonces el caso ha generado debate nacional e internacional.
El dictamen señala que la detención de Pedro Castillo se realizó sin orden judicial, sin respetar su inmunidad presidencial y sin garantías procesales básicas, contraviniendo tratados internacionales vigentes.
Fundamentos del dictamen
El panel de expertos independientes señala que la detención de Pedro Castillo se produjo sin base legal, sin orden judicial previa, sin que se le informara de forma clara los motivos de su arresto y sin respetar su condición de presidente de la República y la inmunidad que le corresponde por su cargo.
Según la versión que recoge el informe, el exgobernante fue detenido por su propio escolta después de anunciar en un mensaje a la nación la disolución del Congreso de la República. Los agentes habrían actuado tras recibir una llamada del director de Seguridad del Estado, quien ordenó retenerlo por presunta comisión de delitos de rebelión, violación constitucional y abuso de autoridad.
“En la Constitución peruana no existe la figura de flagrancia para el Jefe de Estado. Antes de detenerlo, debe iniciarse un proceso formal para levantar su inmunidad, algo que no ocurrió en este caso”, explica el texto del organismo internacional.
Además, el grupo advierte que no se evaluaron alternativas menos restrictivas de la libertad, que el expresidente no tuvo acceso inmediato a un abogado de su confianza y que existieron presiones sobre su defensa, sumadas a una difusión mediática que lo presentó como culpable antes de que existiera una sentencia firme.
Posiciones divididas dentro del panel
El dictamen no contó con una postura unánime. Dos miembros del grupo, la jurista ucraniana Ganna Yudkivska y el especialista surcoreano Ethan Hee-Seok Shin, consideraron que la detención no fue arbitraria, ya que entendieron que el anuncio del 7 de diciembre de 2022 constituyó un acto de ejercicio de poder y no una expresión política protegida por la ley.
Por su parte, el presidente-relator Matthew Gillett, de Nueva Zelanda, mantuvo una postura intermedia: afirmó que la declaración de Castillo podría estar amparada por la libertad de expresión y solo calificó como arbitraria la prisión preventiva, al no considerar que contara con una justificación suficiente para mantenerse en el tiempo.
Reacciones y contexto actual
La resolución llega en medio del debate nacional sobre la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente. El actual presidente interino, José María Balcázar, ha mencionado la figura, pero hasta el momento el Ministerio de Justicia y la Comisión de Gracias Presidenciales han rechazado en seis oportunidades las solicitudes, alegando que la condena de más de 11 años aún no está firme y sigue en proceso de apelación ante la Corte Suprema.
Desde sectores afines al exmandatario, la exministra Anahí Durand, vocera de la agrupación Juntos por el Perú, destacó que el fallo llega después de tres años de proceso y que confirma que “se actuó en contra de la voluntad popular”. El dirigente Roberto Sánchez, por su parte, publicó en su cuenta de red social: “La verdad del pueblo se abre paso”.
Qué pide la ONU
Más allá de la liberación inmediata y la indemnización, el Grupo de Trabajo solicita una investigación exhaustiva de las circunstancias del arresto y que se identifique y asuma responsabilidad por las violaciones a derechos reconocidas. También pide al Estado peruano adecuar sus procedimientos para garantizar que en el futuro se respeten plenamente las garantías procesales de quienes ejercen cargos públicos.
El pronunciamiento tiene carácter de recomendación, pero constituye un referente importante para organismos internacionales y tribunales regionales en materia de derechos humanos. Su cumplimiento dependerá de la decisión de las autoridades peruanas, que hasta el momento no han emitido una respuesta oficial al respecto.
¿Qué es el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU?
Es un organismo independiente que analiza casos de privación de libertad para determinar si cumplen con normas internacionales de derechos humanos.
¿Por qué considera arbitraria la detención de Pedro Castillo?
Porque se realizó sin orden judicial, sin levantar su inmunidad presidencial y sin respetar garantías procesales básicas.
¿Qué solicita exactamente la ONU al Estado peruano?
Pide liberación inmediata, indemnización, reparación integral y una investigación de lo ocurrido durante el arresto.
¿El fallo es obligatorio para el Gobierno de Perú?
No tiene fuerza legal vinculante directa, pero es una recomendación oficial que sirve de referencia para instancias judiciales internacionales.
¿Cómo está actualmente la situación judicial de Pedro Castillo?
Fue condenado a más de 11 años, pero su sentencia sigue en apelación ante la Corte Suprema y no se encuentra firme.
