La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no reconocer las cualificaciones profesionales de traductores e intérpretes jurados de otros países de la UE. Esta acción subraya la falta de cumplimiento del país con la legislación comunitaria que exige la igualdad en el reconocimiento de cualificaciones entre los Estados miembros.
Desde hace años, la Comisión ha estado tratando de que España adopte las medidas necesarias para adecuar sus normas a la Directiva y a los Tratados de la UE. Según un comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario, las disposiciones actuales en España no cumplen con los requisitos establecidos para el reconocimiento de los traductores e intérpretes jurados. Esto afecta tanto a aquellos que desean establecerse de manera permanente en España como a los que buscan ofrecer servicios temporales a través de las fronteras.
Falta de cumplimiento desde 2019
El procedimiento de infracción que podría culminar ante el Tribunal de Justicia se inició en 2019. En ese momento, la Comisión Europea envió a las autoridades españolas un dictamen motivado en el que se enumeraban los incumplimientos y se instaba a la adopción de medidas correctivas. A pesar de los compromisos adquiridos por España, la Comisión considera que todavía no se han realizado adecuaciones necesarias, lo que justifica su decisión de proceder legalmente.
Las consecuencias de esta falta de adaptación podrían ser significativas, no solo para los traductores e intérpretes que buscan trabajar en España, sino también para el funcionamiento del mercado de servicios dentro de la UE. La situación pone de manifiesto la necesidad de que todos los Estados miembros se alineen con las normativas europeas para garantizar la libre circulación de profesionales.
Reacción de las autoridades españolas
Aún no se ha dado una respuesta formal por parte del gobierno español sobre esta acción, pero es previsible que las autoridades examinen las reclamaciones de la Comisión y busquen respuestas para evitar el litigio ante el Tribunal de Justicia. Este caso resalta la importancia de respetar los acuerdos comunitarios y la necesidad de simplificar los procesos de reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión Europea.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.