Bruselas, 29 de enero — Alemania, Italia y Polonia, junto con otros países de la Unión Europea, han solicitado este jueves la eliminación de la obligación de aplicar impuestos especiales iguales o inferiores a los del gas natural en el marco del plan de la UE para reducir los precios de la electricidad. Los países argumentan que las decisiones fiscales deben negociarse de forma separada y requerir consenso unánime entre los Veintisiete.
Reacción de los Estados miembros durante la reunión en Luxemburgo
Estos planteamientos surgieron durante la reunión de ministros de Energía de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo, donde los gobiernos debatieron la reforma presentada por la Comisión Europea en julio para disminuir las facturas de hogares y empresas. La propuesta también contempla cambios en los costes asociados al uso de infraestructuras eléctricas, buscando establecer un vínculo entre los tributos que gravan la electricidad y el gas natural, algo que actualmente no contempla la normativa vigente, que permite a cada Estado miembro fijar sus propios tipos impositivos dentro de unos mínimos comunes.
Controversias sobre la normativa fiscal propuesta
En concreto, la propuesta de la Comisión apuesta por posibles rebajas fiscales para industrias con elevado consumo eléctrico y criterios uniformes para el cálculo de peajes que pagan los consumidores por la utilización de las redes de transporte y distribución eléctrica. Sin embargo, Alemania ha advertido de que no existe una base legal suficiente para introducir estos cambios fiscales en la legislación del mercado eléctrico, solicitando su eliminación. Italia también ha manifestado su preocupación, señalando que modificar los impuestos podría afectar significativamente los ingresos nacionales y que encarecer el gas sería insostenible para hogares y empresas, por lo que ha pedido eliminar el artículo que contempla estas medidas.
Respuestas y posiciones de otros países y autoridades europeas
Polonia ha manifestado que incluir disposiciones fiscales en este reglamento no es aceptable y que estos temas deben negociarse mediante legislación específica que requiere unanimidad, mientras que Finlandia ha advertido que la propuesta podría limitar la capacidad de los gobiernos para decidir sobre sus propios impuestos. La delegación finlandesa también señaló que la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía ya permite gravar la electricidad de manera favorable respecto al gas natural y cuestionó la necesidad de nuevas obligaciones, solicitando su retirada.
Varios otros países, como Malta, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Croacia y Luxemburgo, también solicitaron eliminar las medidas fiscales del texto, aunque compartían el objetivo de promover el consumo eléctrico frente a los combustibles fósiles. En respuesta, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, defendió que los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo consideran que la propuesta cumple con los tratados y que sus medidas contribuirían a una reducción duradera de los costes eléctricos.
Posición de España sobre la estructura de tarifas eléctricas
Más allá de las discrepancias respecto a los impuestos, varios gobiernos, incluida España, cuestionaron que la Comisión pueda imponer una metodología común para calcular los peajes eléctricos, que son los cargos que pagan los usuarios por el uso de las redes de transporte y distribución. España expresó que respalda los objetivos de la reforma, pero se opuso a que la UE imponga una estructura de tarifas uniforme en toda la región, argumentando que las necesidades de las redes y las características de los sistemas eléctricos varían en cada país.
La delegación española advirtió que la imposición de tarifas uniformes podría generar consecuencias territoriales no deseadas en zonas rurales o despobladas, y que podría provocar diferencias en los pagos de peajes para usuarios similares, distorsionando decisiones de consumo. Por ello, defendió que los Estados miembro mantengan la capacidad de decidir cómo calcular estos cargos, respetando la independencia de los reguladores nacionales, postura que también compartieron Alemania, Italia y Francia, y que cuestionaron una excesiva armonización en esta materia.
En cuanto a las cuestiones fiscales, España respaldó la orientación de promover la electricidad frente a los combustibles fósiles y expresó su disposición a trabajar en un acuerdo ambicioso, aunque no se pronunció específicamente sobre la petición de otros países de retirar esas disposiciones tributarias del reglamento.
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