El mate circula de mano en mano en la sede del Centro Unión Taximetristas de Salto, pero el aire está cargado. No es un día cualquiera en la oficina gremial. Mori y Gianni Rodríguez, caras visibles de la lucha del sector, despliegan sobre el escritorio una carpeta con el decreto 6286/2006. Lo señalan con el dedo, casi como quien muestra un arma en medio de una trinchera. No piden favores, exigen que la Intendencia de Salto haga cumplir lo que ya está escrito y que, según ellos, es papel mojado: el control efectivo sobre el transporte informal.
«Es una competencia desleal que nos está rompiendo el bolsillo todos los días», dispara Rodríguez, mientras ajusta su campera y mira hacia la calle. Afuera, en la esquina, un coche sin identificación levanta pasajeros con la misma naturalidad con la que se mueve un taxi habilitado. Para los taxistas legales, cada «trucho» que pasa no es solo un pasajero menos; es una burla a las tasas, los seguros y la inversión que ellos sí pagan para estar en regla.
El fantasma de las aplicaciones móviles
La situación, ya de por sí tensa por la presencia de estos vehículos informales, se oscurece con el anuncio de la Intendencia sobre la posible habilitación de aplicaciones de movilidad. En el gremio, la noticia cayó como una piedra en un estanque. Mori no esconde su escepticismo: «No estamos en contra de la tecnología, estamos en contra de la falta de reglas claras».
El miedo es palpable. En las paradas de la ciudad, los choferes comentan el tema entre viaje y viaje. Se preguntan quién va a regular el mercado, cómo van a convivir con plataformas que, en otros departamentos, han llegado para cambiar —y muchas veces precarizar— el servicio. «Si nos van a exigir una cantidad de cosas para trabajar, que les exijan lo mismo a los que vienen de afuera», insiste Mori, marcando la cancha ante una administración local que busca modernizar el sistema a contrarreloj.
Una calle que se vuelve terreno de disputa
El reclamo de los taxistas no es solo administrativo; es una lucha por la supervivencia de un oficio que, en ciudades como Salto, aún conserva esa impronta de conocer al pasajero por su nombre. Mientras caminan hacia la puerta de la sede, los dirigentes dejan claro que no se van a quedar de brazos cruzados. La solicitud a la Intendencia es concreta: fiscalización real, en la calle, donde el problema ocurre.
Para el usuario salteño, la discusión parece ser otra: precio y disponibilidad. Pero para quienes están detrás del volante, el tema es si podrán seguir sosteniendo sus familias bajo un modelo que, según denuncian, les está soltando la mano en nombre de la «innovación». El cruce entre el decreto de hace casi veinte años y las aplicaciones del siglo XXI ha dejado a los taxistas en un callejón sin salida, obligándolos a reclamar lo que consideran justo antes de que la transformación del mercado se los lleve puestos por delante.
