En una oficina de la Ciudad Vieja, un administrativo de la Corte Electoral apila carpetas que huelen a papel viejo. Adentro, boletas de combustible de una estación de servicio en el interior, facturas de imprenta por volantes de colores y recibos de alquiler de locales de campaña conviven en un orden precario. Durante años, este fue el ritual: entregar rendiciones de cuentas que, en muchos casos, eran poco más que un ejercicio de buena voluntad. Pero el caso de la camioneta presidencial, que mantuvo al país en vilo durante semanas, terminó siendo el detonante para que el sistema —casi por necesidad— empezara a cambiar.
Hoy, la fiscalización del financiamiento de campañas políticas en Uruguay atraviesa su momento más crítico. Por primera vez, el Tribunal de Cuentas ha sido llamado a auditar lo que antes apenas se archivaba. El resultado es un mapa donde conviven gastos declarados hasta el último peso con una «zona gris» que los expertos conocen bien, pero que rara vez llega a los titulares.
El problema no es solo lo que se registra, sino lo que escapa a la planilla de Excel. Mientras los partidos declaran sus ingresos provenientes de las contribuciones estatales por voto —el motor principal de toda contienda—, las donaciones privadas y los préstamos en especie operan bajo una lógica mucho más difusa. «¿Cómo registrás el préstamo de una camioneta por un fin de semana o el uso de un local que un militante te cede sin costo?», se pregunta un consultor de comunicación política que ha trabajado en las últimas tres campañas. «Ese es el verdadero desafío de la transparencia».
La era de las auditorías: ¿cambió el juego?
La aprobación de la ley de 2024 cambió las reglas del tablero. El Tribunal de Cuentas ahora exige respaldo documental y los partidos han tenido que ponerse al día, a veces a los empujones. «Han sido rigurosos con los comprobantes», reconoce un dirigente de primera línea que tuvo que revisar sus propias cuentas ante los nuevos auditores.
Sin embargo, hay una trampa implícita en este nuevo control: se audita lo que se declara, pero es casi imposible auditar lo que se omite. El «gasto hormiga» —ese pago en efectivo para un almuerzo de campaña o un pequeño flete urgente— es el fantasma que recorre todos los comandos. Ese dinero, que suma cifras considerables al final de la jornada electoral, suele ser el agujero negro donde la transparencia choca contra la realidad del territorio.
Mientras tanto, los saldos superavitarios que quedan tras cada elección siguen siendo un terreno pantanoso. Cuando los votos superan las expectativas y el Estado gira más dinero del necesario, el destino de ese remanente suele ser discrecional. Algunas agrupaciones lo reinvierten en actividades partidarias, otras lo utilizan para cubrir deudas de transición, y en ocasiones, la línea entre el fondo de campaña y el patrimonio del dirigente se vuelve peligrosamente delgada.
