La adquisición de un vehículo de alta gama por debajo del valor de mercado sacude la narrativa de austeridad del oficialismo. El mandatario apela al misterio de la factura mientras la oposición cuestiona los favores empresariales previos a la asunción.
La delgada línea que separa la cortesía comercial del favorecimiento político volvió a quedar bajo la lupa de la opinión pública uruguaya. Una investigación del programa radial Así nos va (Radio Carve) expuso las condiciones de la compra de la camioneta particular que utiliza el presidente [Yamandú Orsi] para sus traslados oficiales, desatando un vendaval de cuestionamientos éticos y técnicos sobre el contenido de su declaración jurada de bienes. Los documentos oficiales revelan que el mandatario negoció la adquisición de una Hyundai Santa Fe de última generación con una bonificación excepcional de 25.000 dólares respecto al precio de lista del mercado local, un beneficio que desde la propia Torre Ejecutiva intentaron naturalizar bajo el polémico rótulo de una «gentileza» corporativa.
El episodio, que dinamita los discursos de desapego material que el oficialismo suele agitar en los comités de base, se cerró en febrero de 2025, a escasos días de que Orsi prestara juramento ante la Asamblea General. Mientras el común de los ciudadanos debe financiar a tasas de mercado cualquier vehículo familiar, el presidente electo obtuvo un trato diferencial en los salones de Oliva Automotores, representante oficial de la marca coreana en Uruguay. El modelo más completo de la gama cotiza en plaza a 78.990 dólares, pero en los papeles declarados ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), el mandatario hizo constar un valor de adquisición de 54.000 dólares, abriendo interrogantes sobre las contraprestaciones implícitas que conllevan este tipo de rebajas extraordinarias a las máximas jerarquías del Estado.
En los corrillos parlamentarios y en las estaciones de servicio, donde el costo de mantener un vehículo es un desvelo cotidiano, el argumento de la «gentileza» cayó con el peso de una burla institucional. La explicación de Presidencia, justificando el descuento por el hecho de que la empresa sabía que la camioneta operaría como el vehículo insignia para mover al jefe de Estado, fue leída por los sectores más críticos de la oposición como la admisión explícita de un canje publicitario o un patrocinio privado no regulado sobre la figura presidencial, un extremo severamente observado por las normas de conducta de la función pública.
El misterio de la factura y el contraataque de la oposición
Acorralado por las preguntas de los cronistas en una rueda de prensa matutina, [Yamandú Orsi] ensayó una respuesta evasiva que lejos de disipar las sospechas, prolongó el suspenso mediático. El mandatario evitó justificar los fundamentos económicos de la quita y se limitó a anunciar que enviará la documentación contable directamente al equipo periodístico que reveló la trama. «Cuando usted vea la factura, ahí va a decir qué precio es», replicó de forma escueta ante los micrófonos, intentando desviar la atención hacia la formalidad del papel comercial mientras sus asesores de comunicación evaluaban el daño de una noticia que golpea el corazón del relato gubernamental.
La reacción de la coalición republicana no se hizo esperar y apuntó directo al patrimonio del presidente. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, apeló a su habitual ironía punzante para sembrar mantos de duda sobre la consistencia global del documento entregado a los organismos de control, afirmando que tras este hallazgo prefiere no imaginarse «qué más puede haber en las declaraciones juradas» del líder de la izquierda uruguaya. La polémica promete instalarse en las comisiones legislativas, donde el debate sobre la transparencia en el financiamiento indirecto de la política y los límites de los regalos empresariales a los gobernantes volverá a tensar la agenda parlamentaria del invierno.
