Presión internacional por el apoyo militar a las RSF
En un contexto de creciente preocupación por la situación en Sudán, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha lanzado un llamado a la comunidad internacional para que se investigue y sancione a quienes han brindado asistencia militar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Según un informe de la organización, contratistas militares privados colombianos, supuestamente contratados por una empresa con sede en Emiratos Árabes Unidos (EAU), han sido desplegados en Sudán para apoyar a estas fuerzas paramilitares.
El informe titulado «De Bogotá a El Fasher: El papel de EAU en el despliegue de militares colombianos y otras formas de respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán» sostiene que desde 2024, la empresa Global Security Services Group (GSSG), con sede en Abu Dabi, ha reclutado a cientos de colombianos para participar en hostilidades junto a las RSF, que están en conflicto con las Fuerzas Armadas sudanesas. La directora de la División de África de HRW, Mausi Segun, ha señalado que EAU está contribuyendo de manera significativa a la capacidad de las RSF para cometer crímenes de guerra.
El reclutamiento de estos contratistas militares se habría llevado a cabo a través de entidades privadas, y el informe indica que los reclutas pasaban por bases militares en EAU antes de ser enviados a Sudán. Un contratista colombiano reveló que, al llegar a Emiratos, logró evitar los controles de inmigración y fue trasladado directamente a una base militar, donde recibió entrenamiento por parte de personal emiratí.
La primera evidencia pública de la presencia de colombianos en Sudán se remonta a noviembre de 2024, cuando se difundieron vídeos en redes sociales mostrando a un convoy de colombianos interceptado por las Fuerzas Conjuntas de los Movimientos Armados, una coalición que apoya al Ejército sudanés. HRW ha verificado y geolocalizado vídeos que muestran a estos contratistas combatiendo en El Fasher durante la ofensiva de las RSF en 2025, un periodo marcado por abusos generalizados contra la población civil.
Violaciones de derechos humanos y reclutamiento de menores
Testigos han afirmado haber visto a combatientes extranjeros en el lugar de asesinatos masivos perpetrados por las RSF, quienes vestían el mismo equipo de protección que se observa en los vídeos. Además, un contratista colombiano consultado por HRW indicó que había entrenado a reclutas de las RSF en campamentos en Nyala, donde muchos de los reclutas eran niños. El reclutamiento de menores en conflictos armados está prohibido por el Derecho Internacional, constituyendo un crimen de guerra si se trata de niños menores de 15 años.
El secretario general de la ONU, António Guterres, ya había verificado al menos 16 casos de reclutamiento de niños por parte de las RSF en 2024, lo que llevó a incluir a este grupo en la «lista de la vergüenza» de la ONU por graves violaciones contra menores en conflictos armados. A pesar de las acusaciones, EAU ha negado haber brindado apoyo militar a las RSF, argumentando que su asistencia es de carácter humanitario. Sin embargo, HRW cuestiona esta afirmación, señalando que las autoridades emiratíes deberían estar al tanto de las actividades que ocurren en su territorio.
La ONG ha compartido sus hallazgos con GSSG y las autoridades emiratíes, sin recibir respuesta. Ante esta situación, ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a investigar a GSSG y a otros actores involucrados en el apoyo a las RSF, sugiriendo la imposición de sanciones a quienes faciliten este tipo de asistencia. También ha solicitado a la Unión Europea y la Unión Africana que investiguen a la empresa de seguridad y a sus directivos.
La directora de HRW en África ha enfatizado que las víctimas civiles son las que sufren las consecuencias de la falta de acción internacional frente al apoyo de EAU a las RSF. La organización ha instado a los gobiernos a no aceptar las negativas de EAU y a actuar para poner fin a la impunidad por los crímenes de guerra en Sudán.
La situación en Sudán sigue siendo crítica, con un contexto de violencia y violaciones de derechos humanos que requieren atención urgente.
