Las ráfagas todavía resonaban en las cabezas de los vecinos del Cerro cuando la discusión política se trasladó, con la velocidad de un clic, a los despachos oficiales. Más de cincuenta casquillos de bala quedaron esparcidos en el suelo de una vivienda precaria que, según las primeras líneas de investigación policial, funcionaba como una boca de venta de drogas. El saldo del ataque ejecutado por un grupo que llegó en auto reabrió la herida más sensible de la agenda pública: la violencia armada en las periferias de Montevideo.
Al ser consultado por la masacre del Cerro, el representante del Gobierno contrapuso los datos duros frente al embate de la oposición. La respuesta oficial ante el reclamo del Frente Amplio fue directa: a pesar del impacto de este triple homicidio, los índices globales de homicidios en Uruguay se mantienen en el acumulado por debajo de las cifras registradas durante el mismo período de 2024.
La respuesta oficial ante el choque de estadísticas
En las veredas del barrio, entre mates fríos y comentarios en voz baja frente a los patrulleros, el miedo se palpa. Sin embargo, la lectura que se hace desde el Ministerio del Interior busca enfriar el termómetro político con porcentajes. Las autoridades sostienen que la estrategia de saturación y el combate a las organizaciones territoriales muestran una tendencia a la baja en la comparación interanual, un argumento que la oposición califica de insensible frente a la gravedad de los episodios repetidos.
La masacre del Cerro, donde las víctimas tenían 29 y 35 años y poseían múltiples antecedentes por receptación, hurtos y rapiñas, dejó en evidencia el uso de armamento modificado. Entre los peritajes iniciales trascendió que al menos una de las pistolas utilizadas pertenecía a los registros de la propia Policía, robada y alterada con cargadores de alta capacidad para transformarla en un arma de asalto automático.
El Frente Amplio presiona por la seguridad pública
Desde la vereda opuesta, los legisladores de la izquierda no tardaron en unificar el discurso. Para la oposición, el argumento de que la tasa de homicidios en Uruguay muestra mejoras relativas respecto a 2024 no mitiga la pérdida de control territorial en ciertas zonas calientes de la capital. Las críticas apuntan a que los despliegues del Estado —donde confluyen planes del Ministerio del Interior, el Mides y el Ministerio de Vivienda— no logran desarticular el reclamo de fondo de los vecinos: vivir sin el sonido de los tiroteos nocturnos.
La tensión política se da además en un marco donde los crímenes múltiples modifican la percepción pública de manera inmediata. Los analistas de opinión pública coinciden en que un solo evento de estas características borra de la conversación cualquier descenso porcentual que la secretaría de Estado intente poner sobre la mesa de negociaciones.
Modificaciones en el mapa del delito y armas policiales
Un detalle que llamó la atención de los investigadores en el lugar del triple crimen es la logística empleada. El ingreso violento a la finca y la descarga masiva de proyectiles denotan una mecánica de sicariato que se ha vuelto recurrente en disputas de territorio. El uso de las denominadas pistolas Glock modificadas con dispositivos selectores de fuego automático es un componente que eleva la letalidad de cada enfrentamiento en el oeste montevideano.
Mientras el debate parlamentario se encamina hacia nuevos pedidos de informes y eventuales llamados a comisión, la realidad en las calles del Cerro sigue su curso. Los almacenes cierran más temprano, los ómnibus cambian sus recorridos ante la menor sospecha y las familias ensayan rutinas para evitar quedar atrapadas en medio de una balacera que nadie puede predecir cuándo va a estallar.
