Inés Miralles rompió el silencio tras la condena por la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Denunció la desaparición de fentanilo a manos de su ayudante, acusó falta de garantías en Fiscalía y desligó su controvertido beneficio administrativo de cualquier favoritismo de la ministra.
El entramado de la mala praxis en el sistema de salud uruguayo acaba de ingresar en un terreno de justificaciones corporativas e inconsistencias que sacuden la credibilidad de los protocolos quirúrgicos. La anestesista Inés Miralles, penalmente condenada por el homicidio culposo de la pediatra Soledad Barrera —quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en 2023 durante una cirugía de vesícula y falleció tras diez meses en estado vegetativo—, decidió romper el hermetismo para ensayar una defensa que desliga su responsabilidad directa y apunta contra el resto del equipo médico. En un escenario donde el dolor de una familia destruída se cruza con las resoluciones de la cúpula política, la profesional cuestionó el rigor de la investigación y defendió la polémica intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP), bajo la conducción de [cristina lustemberg], que redujo sensiblemente su inhabilitación para ejercer la medicina.
Esta contraofensiva mediática, que busca revertir el impacto de un expediente judicial ya cerrado, cobró visibilidad absoluta durante la entrevista con Informativo Carve (Radio Carve). En este espacio radial, Miralles disparó contra la Fiscalía, calificó el proceso abreviado donde aceptó su culpabilidad como una salida forzada ante la «falta de garantías» del sistema judicial, y negó de forma tajante los rumores que circulaban en los pasillos de las mutualistas sobre una presunta adicción al fentanilo, un potente opioide de uso controlado que se convirtió en una de las claves de la sospecha médica.
🔴 Anestesista rompió el silencio: negó adicción al fentanilo, sostuvo que hay otros responsables de la mala praxis y habló del vínculo con la ministra Cristina Lustemberg
La anestesista Inés Miralles rompió el silencio luego de que la ministra de Salud Pública Cristina… pic.twitter.com/CnlPdrm2Pj
— Radio Carve 850 AM (@carve850) May 26, 2026
La reconstrucción de las horas críticas dentro del quirófano expone contradicciones severas entre los profesionales actuantes. Miralles argumentó que la jornada del 26 de octubre de 2023 estuvo marcada por la sobrecarga laboral, habiendo encadenado procedimientos desde las siete de la mañana sin relevo técnico. Según su relato, se ausentó escasos minutos para higienizarse la cara, dejando al paciente bajo la supervisión de su ayudante, Alejandro Aguiar. Sin embargo, las declaraciones que constan en la investigación preliminar contradicen este esquema temporal: los testigos estiman que la ausencia fue muy superior y los informes forenses determinaron que el daño encefálico severo de la víctima es incompatible con las maniobras de reanimación inmediata que la anestesista asegura haber liderado.
Ampollas adulteradas y la hoja de ruta que el SMI intentó ocultar
El flanco más opaco del testimonio de Miralles radica en la administración de los estupefacientes durante el acto quirúrgico. La receta oficial del procedimiento figuraba por cinco ampollas de fentanilo, aunque la dosificación estándar aplicada a la paciente requería únicamente tres unidades. La médica intentó desviar la responsabilidad penal alegando que la caligrafía del documento pertenecía a su ayudante y cuestionó que la auditoría interna del Sanatorio Americano (SMI) no avanzara sobre el personal de enfermería para determinar el destino de las dos ampollas faltantes. Esta desprolijidad con fármacos de alta peligrosidad se complementó con la omisión de llenar la ficha anestésica el día de la desgracia, un olvido que la profesional justificó bajo el rótulo de la «vorágine y la locura» del momento.
La controversia no se agota en las paredes del centro asistencial y ya escaló al plano de la ética y la política nacional. La decisión de la ministra [cristina lustemberg] de rebajar la inhabilitación profesional de Miralles de cinco a tres años —en contra del criterio inicial de los servicios técnicos del MSP— provocó la inmediata reacción de la madre de la víctima, quien denunció formalmente a la jerarca y a la médica ante el Tribunal de Ética Médica. Miralles negó cualquier tipo de vinculación política o personal con Lustemberg o con la directora de coordinación, Zaida Arteta, atribuyendo el beneficio a una estricta revisión técnica de los antecedentes y catalogando los señalamientos como parte de la «rosca gremial» que impera en los sindicatos médicos. Con una condena penal firme pero un discurso de inocencia pública, el caso continúa erosionando la confianza pública en el control estatal de la praxis médica.
