Una exmiga se aprendió de memoria la cédula y dirección de Jimena de Wildy para usar su nombre cada vez que caía detenida por hurto. El expediente llegó digerido a la Justicia y la víctima hoy figura inhabilitada para sacar el pasaporte.
Imaginar que la policía golpea la puerta de una casa familiar una tarde cualquiera mientras se toma mate y terminar en un calabozo por no cumplir una «libertad a prueba» de un delito que jamás se cometió no es una escena de ficción distópica. Es la realidad que arrastra Jimena de Wildy desde diciembre de 2022, cuando descubrió de la forma más brutal que su identidad civil había sido totalmente colonizada por otra persona. Una antigua conocida de la infancia, con quien no mantenía contacto desde hacía 16 años, utilizó sus datos filiatorios básicos para sortear sus propios arrestos, transformando la vida de la víctima en un laberinto burocrático y penal del que todavía no puede salir.
Toda esta trama de desamparo institucional y la sucesión de detenciones arbitrarias que sufrió la afectada en comisarías y puestos fronterizos se conocieron a fondo mediante una investigación presentada por el periodista Roberto Hernández. En ese espacio se expuso cómo los mecanismos de verificación biométrica fallaron de manera consecutiva en las tres dependencias clave del Estado, permitiendo que una delincuente fuera procesada, alojada en la cárcel de Canelones y condenada bajo un nombre que no le pertenecía, dejando el legajo oficial del [ministerio del interior uruguay] manchado con antecedentes falsos.
El origen de la pesadilla radica en la absoluta simpleza con la que se vulneró el sistema de control público. A la usurpadora, identificada formalmente como Claudia, le bastó con memorizar el número de documento, la fecha de nacimiento y el domicilio de su antigua allegada. Al ser capturada in fraganti por un delito de hurto, repitió esos datos ante los oficiales de la seccional. Sin constatar las huellas dactilares ni cotejar la fotografía del sistema informático con el rostro de la detenida, las autoridades policiales dieron por válida la declaración verbal y tramitaron el expediente directamente hacia la Fiscalía y el Juzgado de turno.
Detenciones en la aduana y el miedo a los patrulleros
Las consecuencias de este denominado «error administrativo» se extendieron durante cuatro años de constante zozobra familiar. El primer gran impacto ocurrió cuando la madre de la propia estafadora descubrió la fotografía de su hija en la página oficial de personas procesadas, pero etiquetada con el nombre de Jimena. Pese a las alertas tempranas y las llamadas desesperadas a los centros penitenciarios, la base de datos central nunca se actualizó de forma efectiva. Meses después de la primera aclaración, la víctima fue retenida por personal de Migraciones en un aeropuerto internacional mientras intentaba tomarse vacaciones con su hijo de cinco años, bajo la advertencia de que figuraba con un «código rojo» de captura en todo el territorio nacional.
Para poder abordar el vuelo, la mujer debió tramitar un permiso judicial provisorio de carácter insólito: un papel oficial donde constaba que poseía tres antecedentes vigentes por hurto pero que, aun así, estaba autorizada a salir del país por un lapso de diez días. «Vivía con el terror de que el avión se retrasara y quedar presa en una escala», relató la damnificada respecto a la desprotección jurídica que implicaba portar una credencial que destruía su reputación pública ante cualquier control de rutina.
La desconfianza del entorno civil se volvió otra carga cotidiana para mantener la estabilidad laboral. En el mercado de empleo actual, la exigencia de certificados de conducta limpios vuelve inviable la contratación de personal con antecedentes por robos reiterados. La continuidad de su puesto de trabajo dependió de la confianza directa de sus empleadores, quienes aceptaron las explicaciones privadas ante la inconsistencia de los registros que arrojaba el sistema de gestión de seguridad.
Una demanda por omisión de los procedimientos policiales
El equipo legal que patrocina a la víctima elevó una demanda millonaria por daños y perjuicios ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, apuntando directamente a la responsabilidad civil del Estado por la violación flagrante de la Ley de Procedimiento Policial. El texto normativo obliga a los agentes a trasladar a las dependencias técnicas a todo ciudadano que no pueda acreditar su identidad por medios físicos fehacientes, con el objetivo de realizar un fichaje de crestas papilares y registro fotográfico antes de dar intervención a los magistrados.
El último episodio que demuestra la vigencia del error ocurrió tras un robo residencial en la vivienda de la denunciante. Al concurrir a la Seccional 19 para asentar la denuncia por el ingreso de ladrones a su propiedad, la agente encargada de cargar los datos en la terminal de computadoras detuvo el procedimiento al notar que la denunciante figuraba como una delincuente formalizada. Mientras el juicio administrativo sigue su curso y las bases de datos continúan sin limpiarse, caminar por la calle o ver un patrullero estacionado en la cuadra se mantiene como un factor de pánico constante para una familia que lleva media década pagando los delitos de otra persona.
