Los legajos de Ismael y Mikaela Errandonea en la cúpula del Ministerio de Defensa exponen el doble rasero de la militancia. Con pases en comisión y designaciones a dedo junto a Huidobro y Bayardi, el clan familiar del vocero más duro contra los blancos cobró del Estado durante casi una década.
El mito de la pureza civil y la independencia apolítica de las organizaciones de Derechos Humanos en Uruguay acaba de sufrir un golpe de gracia documental. El barro de la discusión política, que suele alimentarse de sospechas de boliche y discursos de tribuna, encontró un ancla de realidad incontestable en los archivos de la avenida 8 de Octubre. La salida a la luz de los contratos estatales de Ismael y Mikaela Errandonea, vástagos de Ignacio Errandonea —acaso la cara más severa y elocuente de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos—, desarticuló por completo la narrativa de que la búsqueda de la verdad corre por un carril ajeno al interés partidario. Las planillas demuestran que, mientras el colectivo fustigaba públicamente las políticas de los partidos tradicionales, el núcleo familiar de su principal vocero se hamacaba al calor de los cargos de confianza de la izquierda uruguaya.
El cruce de datos públicos, lejos de ser un mero invento de redes sociales, revela una ingeniería de inserción laboral que no conoce de concursos ni de sorteos, las mismas herramientas que la izquierda suele exigir con vehemencia cuando está en la oposición. El caso de los [hijos de Ignacio Errandonea en Ministerio de Defensa] desnudó un entramado de privilegios donde el parentesco y la sintonía ideológica cotizaron al alza. Para el ciudadano de a pie, que asiste a las marchas convencido de que apoya una causa estrictamente humanitaria, la constatación de que los herederos del relato oficial de Familiares cobraban sueldos de adscripción directa en los despachos de los ministros de la era progresista funciona como un balde de agua helada que empaña la mística del movimiento.
El acomodo de la confianza y el pase en comisión
La revisión de los expedientes es demoledora en fechas y mecanismos. Ismael Errandonea se instaló en el riñón del ministerio entre 2011 y 2020, abarcando las gestiones de Eleuterio Fernández Huidobro, Jorge Menéndez y José Bayardi. Para lograrlo, apeló al clásico y cuestionado beneficio del pase en comisión desde el Banco de Seguros del Estado (BSE), asegurándose un lugar privilegiado en la toma de decisiones y la asistencia directa de la cartera que maneja las armas del país. Su hermana, Mikaela Errandonea, no se quedó atrás: entre 2011 y 2013 fue fichada bajo la modalidad de designación directa como colaboradora adscrita al despacho de Fernández Huidobro. La ironía es total: mientras Familiares trataba a Huidobro de «traidor» y cuestionaba sus pactos de silencio con la interna militar, la hija de uno de los máximos referentes de la organización cobraba el sueldo firmado por el propio «Ñato».
La defensa corporativa del Frente Amplio no tardó en salir a ensayar la habitual justificación burocrática, argumentando que las secretarías ministeriales exigen una «estricta confianza política» para el manejo de la agenda diaria. Sin embargo, ese argumento se vuelve un bumerán que destruye la supuesta imparcialidad del clan Errandonea. Si para estar en esos despachos se requería ser de extrema confianza política de los ministros tupas y frenteamplistas, queda demostrado que la neutralidad del movimiento de Derechos Humanos era una pantalla para encubrir una sintonía orgánica con el partido que gobernó durante quince años.
El dardo de Javier García que desarmó el blindaje
El encargado de destapar esta olla a presión fue el exministro de Defensa y actual senador del Partido Nacional, Javier García. Con el pragmatismo que lo caracteriza, García lanzó un dardo letal en una entrevista radial que dejó al descubierto la hipocresía del activismo selectivo. El legislador blanco cuestionó la ferocidad con la que Errandonea y su entorno atacan cada movimiento de las administraciones de la coalición republicana, comparándola con el silencio cómplice y la docilidad que mantuvieron mientras sus hijos firmaban contratos de confianza con el poder de turno.
La polémica escaló un peldaño más al tocar las pensiones especiales reparatorias que el Estado otorga a las víctimas del terrorismo de Estado. Los sectores más duros del oficialismo no dudaron en señalar que el usufructo de estos beneficios legales, sumado a los sueldos de la primera línea ministerial, configuran un ecosistema de compensaciones económicas que condicionan la objetividad de cualquier reclamo. Con los números expuestos y el blindaje roto, el relato de Familiares ingresa en una zona de desgaste irreversible, donde cada proclama futura será leída bajo la sombra de los favores políticos y las planillas de sueldos que la izquierda les garantizó en los años de abundancia estatal.
