La Comisión Honoraria de Salud Pública había fijado una inhabilitación de cinco años para Inés Miralles tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Sin embargo, una resolución directa de la ministra modificó el castigo en los papeles del gremio médico.
En los pasillos de los centros asistenciales de Montevideo y en los despachos judiciales especializados, el nombre de Soledad Barrera se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad extrema dentro de un quirófano. La pediatra de 41 años falleció en plena intervención debido a una cadena de omisiones técnicas que la justicia penal ya laudó con una condena por homicidio culpable contra la anestesista responsable, Inés Miralles. Todo este entramado de irregularidades institucionales y el archivo de las actuaciones administrativas salieron a la luz a partir de un pormenorizado informe periodístico presentado por el programa «Todo se sabe». El documento expuso cómo la ministra Cristina Lustenberg intervino en el trámite administrativo para rebajar sustancialmente la sanción laboral de la profesional imputada dentro de la órbita del [ministerio de salud publica uruguay].
El caso técnico que provocó el deceso de Barrera estremece por su crudeza básica. Según los peritajes forenses integrados al expediente, la anestesista no puso en funcionamiento el carro anestésico automatizado, la pieza clave que asiste la ventilación mecánica y el flujo de oxígeno del paciente sedado. En la medicina quirúrgica, la disociación neuromuscular que provocan fármacos como el fentanilo deja al paciente sin respuestas reflejas; si el monitor principal permanece apagado, las alarmas sonoras de paro cardiorrespiratorio simplemente no se activan. El cirujano, concentrado en la incisión anatómica, depende exclusivamente del control visual del anestesista, quien en ese momento se encontraba fuera del área quirúrgica, dejando a la pediatra en una situación de hipoxia fatal sin advertencia previa.
Ante la gravedad del dictamen judicial, la Comisión Honoraria de Salud Pública aplicá la máxima severidad administrativa permitida en los estatutos: cinco años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de la medicina en todo el territorio nacional. El escándalo político estalló al comprobarse que, mediante una resolución ministerial firmada por Lustenberg, el período de suspensión laboral se recortó a solo tres años, permitiendo que una médica condenada por negligencia criminal quede habilitada para volver a administrar sedaciones en el corto plazo.
El antecedente del estado vegetativo y el blindaje corporativo
La defensa institucional de la medida adoptada por las autoridades sanitarias generó un rechazo inmediato entre las agrupaciones de usuarios de la salud y familiares de víctimas de mala praxis. Médicos consultados para el relevamiento compararon de forma unánime el expediente de Barrera con el trágico antecedente de «Osvaldo», un paciente que años atrás quedó en estado vegetativo tras una operación de vesícula bajo las mismas condiciones de apagón de monitores. «El paciente anestesiado está en el escalón más alto de la indefensión; si el encargado de prender la máquina sale de la sala, es una ruleta rusa», explicaron desde el entorno forense.
La resolución de Lustenberg no solo reduce el tiempo de la condena administrativa, sino que colisiona con el espíritu de control que teóricamente debe ejercer el Estado sobre los prestadores privados y públicos. Mientras la anestesista cumple un régimen laxo de arresto domiciliario nocturno dictado por los tribunales penales, el beneficio otorgado por la cúpula del ministerio le asegura un retorno anticipado a las carteleras de cirugía de las mutualistas.
En los corrillos políticos de la cartera, el argumento para suavizar la resolución de la comisión técnica se manejó bajo un estricto hermetismo legalista, aludiendo a supuestas «proporcionalidades» en los plazos de la jurisprudencia administrativa. No obstante, para los colegas de la pediatra fallecida, la decisión representa un mensaje de impunidad corporativa emitido desde la propia cabeza del sistema de control sanitario.
Las firmas que desatan el pedido de explicaciones políticas
El desglose de los documentos firmados en el ministerio dejó al descubierto las contradicciones internas entre los técnicos que evaluaron el daño en el quirófano y la decisión política final de la ministra. Los papeles prueban que no existieron elementos científicos nuevos ni pericias de descargo que justificaran el perdón de dos años de inhabilitación; la modificación respondió a un criterio discrecional de la jerarca del sector.
La filtración de estos archivos oficiales ya empezó a mover los engranajes de la oposición parlamentaria, donde no se descarta un llamado a comisión para que Lustenberg explique las razones de este beneficio a una profesional con una condena por homicidio sobre los hombros. Con un sistema de salud fuertemente cuestionado por las demoras en las auditorías de quirófano, el recorte de la sanción a Miralles abre una grieta de desconfianza sobre las garantías que tienen los pacientes uruguayos al momento de ingresar a una mesa de operaciones.
