El programa periodístico «Todo se sabe» expuso las graves falencias del sistema judicial y el accionar de organizaciones financiadas por el Estado. Informes médicos recortados tipo «collage», pericias de ITF desoídas y un padre que perdió la mitad de la infancia de su hijo de 6 años.
En las charlas de boliche, en las salas de espera de los juzgados de familia y en las redes sociales, el debate sobre la aplicación de las leyes de género suele encender pasiones extremas. Sin embargo, cuando se analiza la fría realidad de los expedientes archivados, emergen historias de un dolor profundo que cuestionan las garantías básicas del derecho uruguayo. El caso de «Javier» (nombre ficticio para proteger al menor), un docente montevideano que pasó tres años alejado de su hijo, expone la cara más oscura de las [falsas denuncias en Uruguay] y el millonario aparato burocrático que, en lugar de proteger los derechos de los niños, termina actuando bajo sesgos ideológicos radicales.
El informe, presentado por la periodista Patricia Martín, destapó una red de irregularidades donde abogadas de Comuna Mujer (dependiente de la Intendencia de Montevideo) y la Asociación Civil El Paso, liderada por la activista Andrea Tuana, quedaron en el ojo de la tormenta. Según las pruebas documentales presentadas, estas organizaciones manipularon pericias clínicas, alteraron informes de urgencias médicas y redactaron «historias sociales falsas» para perpetuar medidas cautelares de no acercamiento, a pesar de que la propia justicia ya había archivado dos causas penales por falta de mérito.
El drama no es un hecho aislado. Mientras el comunicador del ciclo aclaraba que «la mayoría de las denuncias de violencia de género son ciertas y hay que tomarlas con seriedad», el calvario de Javier encendió las alarmas de cientos de padres que enviaron sus testimonios en vivo, describiendo un auténtico «peregrinaje incansable» por oficinas del INAU y juzgados de familia de Montevideo.
De un diagnóstico por dermatitis a una acusación de abuso genital
La historia comenzó en enero de 2023, cuando Javier llevó a su hijo de tres años a la playa mientras su pareja, Celia (una ciudadana brasileña sin redes familiares en el país), guardaba reposo en su casa tras una cirugía menor. Al higienizar al niño, el padre notó una serie de erupciones cutáneas en la zona anal. Tras consultar a una pediatra de emergencias y una visita de urgencia de la unidad móvil del SEM, los profesionales de la salud le aseguraron que no revestía gravedad y sugirieron una consulta posterior con dermatología en el Casmu.
Sin embargo, en marzo de ese año, la pediatra de la mutualista colocó la sigla «HPV» entre signos de interrogación en la historia clínica y derivó el caso al comité de violencia institucional por puro protocolo preventivo. A partir de ese momento, la maquinaria burocrática se activó a espaldas del docente. Mientras la familia pasaba unas vacaciones normales en el parque acuático Aquamanía de Salto, la madre, asesorada y contenida por las abogadas de Comuna Mujer, preparaba la denuncia de violencia de género alegando la sospecha de una enfermedad de transmisión sexual.
El 12 de abril de 2023, al regresar a Montevideo, Javier descubrió que su casa estaba vacía y que pesaba sobre él una orden de exclusión del hogar con suspensión inmediata de visitas. Cuatro días después, los informes oficiales de dermatología del Casmu descartaron de forma tajante la presencia de condilomas o virus de papiloma humano: el niño solo presentaba un eritema común en la piel, provocado por factores cotidianos como la alimentación.
A pesar de que la base médica que sustentaba la sospecha se derrumbó en menos de una semana, las abogadas patrocinantes de la madre impidieron la revinculación paterna introduciendo un nuevo expediente por «vulneración de derechos del niño». Para lograrlo, presentaron ante la sede judicial recortes tipo «collage» de la historia clínica, subrayando las dudas iniciales de la pediatra y ocultando deliberadamente el alta firmada por la especialista en dermatología.
El informe falso ante la UTE y el fracaso protector del INAU
El hostigamiento institucional contra Javier sumó capítulos insólitos cuando la madre dejó de abonar las facturas del servicio eléctrico en la vivienda arrendada, lo que provocó el corte de luz por parte de UTE. Para solucionar el problema de forma gratuita, el equipo técnico de Comuna Mujer confeccionó un informe social destinado al ente estatal, falseando resoluciones judiciales vigentes. En dicho documento, aseguraron que Javier «había sido retirado a la fuerza por la policía» y que la pensión alimenticia que transfería era de apenas $10.000, omitiendo que el docente pagaba voluntariamente el 20% de sus ingresos, además del alquiler total del inmueble de más de $50.000, los gastos comunes y la escolaridad de su hijo.
Asimismo, el informe de la organización vecinal catalogó la situación de «alto riesgo», contradiciendo directamente la pericia oficial del Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial, que ya había determinado que el hogar no revestía peligrosidad alguna y que Javier presentaba rasgos psicológicos sanos y aptos para la crianza.
El docente, que cayó en un pozo depresivo profundo que le costó seis meses de licencia médica psiquiátrica y el despido de uno de los colegios privados donde dictaba clases, denunció también el rol negligente del INAU. El organismo estatal encargado de velar por el interés superior del menor se limitó a transcribir el discurso de la madre en sus informes periódicos a la jueza, afirmando incluso de forma errónea que el niño tomaba medicación psiquiátrica (Ritalina) cuando en realidad se trataba de un tratamiento pediátrico común. Cuando Javier se presentó en las oficinas del instituto para corregir los datos falsos del expediente digital, la respuesta de las psicólogas fue tajante: «Tenemos muchos niños para abordar, no estamos acostumbradas a padres que se preocupen como vos».
Hacia fines de 2024, la defensora de oficio del niño dictaminó que la revinculación paterna era «fundamental para el desarrollo psicofísico» del menor de 6 años, solicitando llamadas telefónicas diarias supervisadas por un familiar intermedio. Sin embargo, el intento de acercamiento volvió a ser bloqueado cuando la madre comenzó a asistir a las terapias de la Asociación Civil El Paso de Andrea Tuana, lo que derivó en nuevos obstáculos procesales y un tercer cambio consecutivo de escuela para el niño, borrando cualquier rastro de arraigo barrial con tal de evitar que el padre tuviera noticias de sus maestras.
