El 9 de mayo de 2026, una serie de eventos en Sinaloa y Sonora capturaron la atención nacional e internacional. En medio de acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, se produjo un ataque a balazos contra una vivienda registrada a su nombre.
El ataque en Culiacán: una vivienda bajo fuego
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó el ataque a la vivienda del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, ubicada en la calle Lago de Cuitzeo, colonia Las Quintas, Culiacán. El inmueble, que lleva más de una década deshabitado, fue objeto de un tiroteo el 9 de mayo. Afortunadamente, no se reportaron heridos.
El secretario de Seguridad estatal, general Sinuhé Téllez López, compartió detalles del incidente en un video difundido en redes oficiales. Según el informe, el ataque fue reportado al Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i) a las 10:12 horas del Pacífico. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y la Fiscalía General del Estado inició los peritajes para identificar a los culpables. Hasta el momento, no hay detenidos.
El trasfondo de la propiedad
La declaración patrimonial de 2025 del gobernador con licencia registra que la casa en cuestión es su único bien raíz. Con un terreno de 72 metros cuadrados y 155 metros cuadrados de construcción, fue adquirida el 22 de octubre de 1984 por 650,000 pesos. Rocha Moya es el único propietario, según la escritura pública, y no ha habido ventas ni transferencias recientes de la propiedad.
Acusaciones desde Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado serias acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa. Las imputaciones incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de armas y explosivos, y filtración de información al crimen organizado.
Entre los acusados se encuentran figuras prominentes como el senador de Morena Enrique Inzunza, el vicefiscal Dámaso Castro, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Las autoridades estadounidenses alegan que estos individuos habrían protegido cargamentos de drogas hacia Estados Unidos a cambio de dinero.
Reacciones y consecuencias políticas
En respuesta a las acusaciones, Rubén Rocha Moya solicitó una licencia temporal como gobernador. Otros funcionarios también han pedido licencia, y un exsecretario de Seguridad Pública ha conseguido un amparo para evitar su detención. Esta situación ha dejado al gobierno estatal en un estado de desarticulación en menos de una semana.
Por su parte, las autoridades mexicanas han pedido a Estados Unidos que presente las pruebas que respaldan sus acusaciones. La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación, mientras que Rocha Moya sostiene que los señalamientos son falsos y constituyen un ataque político.
Un panorama incierto
La serie de eventos en Sinaloa genera incertidumbre y preocupación. La combinación de un ataque armado y acusaciones internacionales coloca a la región en una situación delicada, con implicaciones que podrían extenderse más allá de sus fronteras.
Mientras las investigaciones continúan, el caso de Rubén Rocha Moya y sus presuntos vínculos con el crimen organizado seguirán siendo objeto de escrutinio por parte de autoridades y opinión pública tanto en México como en el extranjero.
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