A casi un año del atentado que sacudió los cimientos del sistema político y judicial de Uruguay, la investigación penal logró dar pasos decisivos para cerrar el cerco sobre los responsables. En las últimas horas, la Justicia uruguaya dictó dos nuevas condenas, elevando a seis el número total de personas sentenciadas por el feroz ataque perpetrado en la madrugada del 28 de septiembre de 2025 contra la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Aquella noche, delincuentes encapuchados y vestidos de negro escalaron por los techos hasta alcanzar el hogar de la magistrada, donde dispararon en tres oportunidades y lanzaron una granada que detonó de lleno en el patio. La propia Ferrero confesó tiempo después que se salvó por apenas 15 centímetros de un impacto que hubiese resultado mortal. La conmoción inicial unió al presidente Yamandú Orsi y a su antecesor Luis Lacalle Pou en un repudio unánime, señalando desde el primer minuto las sospechas sobre la trama del narcotráfico internacional.
La ruta boliviana, logística y la conexión con el clan Marset
Las recientes actuaciones judiciales permitieron reconstruir minuciosamente la trama intelectual detrás de la agresión. Daniel Alejandro Garaza fue señalado como el cerebro operativo de la conspiración y resultó condenado a siete años y tres meses de cárcel por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago agravado. Las indagatorias confirmaron que ideó el atentado junto a su padre, Jorge Garaza, un expolicía con antecedentes por sus vínculos directos con el narcotraficante Sebastián Marset.
Los movimientos de Garaza al descubierto demuestran una logística transnacional desplegada meses antes del atentado. Realizó frecuentes viajes a Bolivia para coordinar la operativa; uno de ellos en febrero de 2025 desde Brasil y otro semanas antes del hecho en Santa Cruz de la Sierra —mismo feudo donde se ocultaba Marset—, lugar donde incluso tramitó una residencia temporal. Tras cruzar fronteras de forma clandestina para retornar a Uruguay el 25 de septiembre de 2025, Garaza dio la orden final para ejecutar el asalto a la finca de la magistrada.
El crimen organizado trasatlántico y la presión sobre las instituciones
El atentado contra la fiscal Ferrero no constituye un hecho aislado, sino que expone el grado de penetración y audacia que alcanzaron las organizaciones criminales en la región rioplatense y el Cono Sur. La articulación entre redes de narcotráfico radicadas en Bolivia, células operativas en Brasil y bandas locales de reclutamiento evidencia cómo la violencia delictiva traspasa con soltura los controles fronterizos para intimidar a las altas autoridades judiciales.
Esta dinámica de amedrentamiento hacia fiscales y jueces encargados de combatir el crimen organizado refleja una problemática crítica que afecta de forma transversal a toda América Latina. La capacidad de las estructuras ligadas al narco para infiltrar territorios, reclutar sicarios en barrios vulnerables y disponer de armamento de uso militar, como granadas, plantea desafíos colosales para las fuerzas de seguridad y exige una respuesta coordinada entre los Estados de la región.
Huida, encubrimiento y un plan despiadado para no dejar rastros
Junto a la condena de Garaza, la Justicia dictó ocho años de prisión para Leonardo Washington Pereira por su rol crucial en la logística y el escape. A las 04:18 de la madrugada del ataque, Pereira fue grabado conduciendo un Volkswagen Bora que, en combinación con una camioneta Great Wall —hallada más tarde totalmente calcinada—, sirvió para evacuar a los ejecutores del sitio del suceso.
Las escuchas telefónicas y las pruebas del expediente judicial sacaron a la luz una vertiente aún más oscura del encubrimiento. Ante la desesperación por no dejar huellas dactilares o rastros genéticos que permitieran a la Policía llegar hasta los ideólogos, Garaza evaluó seriamente la opción de asesinar a los propios autores materiales del atentado. En una conversación interceptada con otro de los coordinadores ya condenados, se lo escuchó sugerir sin rodeos la necesidad de «picar» a sus cómplices para garantizar la impunidad del grupo.
Institucionalidad firme y un mensaje contra la impunidad
Con seis personas tras las rejas, las instituciones uruguayas envían un mensaje contundente de firmeza institucional en la persecución del crimen organizado. El avance de la causa demuestra que la coordinación de la fiscalía y la inteligencia policial logró desarticular no solo el brazo ejecutor, sino también la cúpula que planificó la agresión desde el exterior.
La causa continúa abierta para determinar la totalidad de los vínculos financieros y las eventuales derivaciones internacionales que conectan este complot con otras estructuras delictivas de la región. El caso marca un precedente ineludible en el país sobre la protección a los operadores de justicia y la intolerancia absoluta ante las amenazas narco.
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