Trabajo sexual en Uruguay: Frente Amplio impulsa cambios a la ley
El Frente Amplio presentó un proyecto que busca modernizar la ley de trabajo sexual en Uruguay, con un enfoque de derechos y sanciones más severas a los locales.
El oficialismo uruguayo considera que la ley aprobada en 2002 sobre el trabajo sexual marcó un antes y un después en la región. Reconoció la actividad, reguló aspectos básicos y ofreció cierto marco legal. Sin embargo, a más de dos décadas de su aplicación, los legisladores del Frente Amplio entienden que las condiciones actuales exigen una revisión profunda.
Reforma ley con mirada laboral
La nueva propuesta apunta a eliminar un enfoque que califican de “punitivo e higienista”, ya que hasta ahora la regulación ha recaído en el Ministerio del Interior y en el de Salud Pública. En su lugar, el Frente Amplio busca una norma que parta del reconocimiento del trabajo sexual como una actividad laboral legítima, con derechos y obligaciones claras.
Derechos laborales en el centro
El proyecto denuncia situaciones de abuso que hoy sufren las trabajadoras sexuales: multas cuando se niegan a atender clientes, presión para consumir alcohol o drogas, descuentos excesivos sobre su pago e incluso reintegros forzados pocos días después de un parto. Estas prácticas, advierte el texto, no serían toleradas en ninguna otra relación de subordinación laboral.
Multas locales más severas
La iniciativa establece un endurecimiento de sanciones contra los dueños de locales que vulneren la normativa. Las multas actuales de entre 5 y 100 unidades reajustables (unos USD 230 a 4.600) se elevarían a un rango de 10 a 200 UR (USD 460 a 9.200). Además, se elimina la opción de sustituir la pena por trabajo comunitario, ya que se la considera inadecuada para este tipo de infracciones.
Conductas prohibidas y control
El articulado también enumera qué prácticas quedan expresamente prohibidas a los propietarios: fijar horarios rígidos, imponer clientes, obligar al consumo de alcohol o drogas, retener documentos o pertenencias, y quedarse con un porcentaje del pago de los servicios, lo que se tipifica como proxenetismo. Sí se permite cobrar servicios auxiliares como el alquiler de habitaciones, pero con comprobantes formales y precios transparentes.
Un debate en el Parlamento
El Parlamento analizará ahora la propuesta, que promete generar un amplio debate social y político. El Frente Amplio insiste en que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un control sanitario y policial a un esquema de derechos laborales, que busca proteger a las personas que eligen el trabajo sexual como medio de vida.
El debate sobre el trabajo sexual en Uruguay no es nuevo. La ley de 2002 fue celebrada en su momento como una norma pionera en América Latina, porque reconocía formalmente una actividad que históricamente había sido marginada y penalizada. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron críticas de organizaciones sociales y académicos que señalaban que el marco legal resultaba insuficiente para garantizar condiciones de igualdad y seguridad.
La discusión actual se enmarca en un escenario más amplio: en países de la región como Argentina y Chile todavía no existe una regulación clara, lo que genera situaciones de vulnerabilidad para quienes ejercen el trabajo sexual. Uruguay, en cambio, busca mantener su posición de referencia regional al avanzar hacia un modelo que se centre en los derechos laborales y la protección contra abusos.
El proyecto del Frente Amplio también recoge reclamos históricos de colectivos de trabajadoras sexuales, que han denunciado durante años la falta de herramientas efectivas para enfrentar prácticas coercitivas dentro de algunos locales. Al incluir un catálogo de conductas prohibidas, la iniciativa pretende cerrar vacíos legales que hasta ahora permitían la explotación y el hostigamiento.
Para sus impulsores, la actualización de la norma no solo es un asunto de justicia social, sino también de salud pública y de convivencia democrática. Al reconocer el trabajo sexual como un empleo con reglas claras, se busca reducir la estigmatización, dar más seguridad a quienes lo ejercen y garantizar un marco transparente para los locales que operen dentro de la ley.
La discusión parlamentaria seguramente estará atravesada por posturas diversas: desde quienes reclaman mayor protección hasta quienes creen que regular puede legitimar un fenómeno polémico. Lo cierto es que el proyecto promete abrir un debate intenso en la sociedad uruguaya, donde se cruzan miradas jurídicas, políticas, sanitarias y de derechos humanos.
