Por Ronnie Fernández

Censura en redes sociales en Uruguay: el gobierno de la izquierda persigue a quien piensa distinto

Lo que faltaba. Como si no tuviéramos suficientes problemas con la inseguridad y la economía, ahora el gobierno de la izquierda decidió que su prioridad es perseguir a los que escriben tuits. La censura en redes sociales en Uruguay dejó de ser una sospecha para convertirse en una realidad sistemática: la Unidad Especializada en Ciberdelitos está siendo usada como una suerte de “Gestapo digital” para citar a declarar a ciudadanos comunes que se atreven a criticar la gestión de la administración actual.

Este avance de la restricciones de contenido no es casualidad. Responde a una estrategia de pinzas donde militantes del Partido Comunista, el MPP y sectores radicales denuncian en bloque cualquier opinión que les moleste, y una Fiscalía —que parece estar muy apurada por estos temas pero lenta para otros— le da curso a las citaciones. Están queriendo instalar el miedo para que nadie se anime a decir que el rey está desnudo.

La cacería de brujas: jubilados y escritores en la mira

El nivel de bajeza de esta limitaciones en la expresión digital alcanzó su punto máximo con el caso de un docente jubilado de 74 años. Sí, leíste bien: un hombre que trabajó toda su vida fue citado a declarar a la Fiscalía para que explique qué lo “motivó” a escribir críticas contra las autoridades oficialistas. Es una escena que parece sacada de una dictadura caribeña, pero está pasando acá, en el “Uruguay de la alegría”.

No es el único. Escritores y usuarios comunes están cayendo en esta red de bloqueo de publicaciones. Si no sos parte del coro de focas que aplaude cada decisión del gobierno, te arriesgás a que una horda de denunciantes seriales vinculados al feminismo radical o al entorno de senadoras oficialistas te manden al juzgado. La intención es clara: deshumanizar al crítico y agotarlo judicialmente para que cierre la cuenta y se guarde en su casa.

¿Uruguay o la España de Sánchez? El espejo autoritario

Muchos analistas ven con pavor cómo el modelo del control de mensajes en línea se parece cada vez más a lo que está pasando en España. El gobierno parece estar importando manuales de control social donde el sistema penal se usa para abordar disensos políticos en lugar de perseguir delincuentes de verdad. Es la judicialización de la opinión, un camino sin retorno hacia el pensamiento único que tanto le gusta a cierta parte de la coalición gobernante.

• Citaciones arbitrarias: La Fiscalía actúa como brazo ejecutor de denuncias por “ofensas” que no son más que críticas políticas.

• Enfoque en ciberdelitos: Se usa una unidad técnica para perseguir opiniones, desviando recursos de la lucha contra el crimen real.

• Militancia denunciante: Sectores del PCU y el MPP actúan como comisarios políticos en las redes.

• Ataque a la vejez: No tienen escrúpulos en citar a personas de la tercera edad para amedrentarlas.

La libertad de expresión bajo ataque: el fin de la tolerancia

Hablar de censura en redes sociales en Uruguay es hablar del quiebre de una tradición democrática. El Frente Amplio siempre se llenó la boca hablando de libertad, pero ahora que están en el poder y la gente se queja, activan el aparato represivo del Estado. Es la “normalización de lo inaceptable”: si no te gusta lo que leo, te denuncio; si te denuncio, la Fiscalía te cita; y si te citan, te callás.

La realidad es que el gobierno no se banca el archivo ni la crítica. Según organismos internacionales de derechos humanos, como la , la libertad de expresión debe ser protegida especialmente cuando se trata de críticas a funcionarios públicos. Pero acá, en la moderación polémica, parece que los funcionarios son seres de luz intocables que se ofenden si un jubilado les dice las verdades en la cara.

El silencio que quieren imponer

El objetivo final de este silenciamiento virtual es el silencio. Quieren una red social donde solo se lean comunicados oficiales y elogios de la militancia paga. La ambición del Estado por regular lo que pensamos y decimos es el primer paso hacia un autoritarismo que ya no se oculta. No es realismo, es rendición de los valores democráticos ante el miedo de perder el relato.

Para cerrar, la censura en redes sociales en Uruguay es una mancha negra en la historia reciente de nuestro país. Un gobierno que necesita a la Fiscalía para callar a un tuitero es un gobierno débil, con miedo y sin argumentos. Estaremos atentos a cada citación, a cada atropello, porque la libertad de expresión no es un permiso que nos da el gobernante de turno, es un derecho que vamos a defender cueste lo que cueste. A llorar al campito, pero con la frente en alto y sin callarnos nada.