La acorralada situación judicial del exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, sumó un nuevo capítulo de extrema gravedad. El juez Mariano Budassof dispuso la remisión a juicio oral y público de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El exmandatario provincial, que permanece recluido en prisión desde septiembre tras confirmarse una condena previa por delitos contra la administración pública, enfrentará este nuevo proceso junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, imputado como partícipe necesario.
El fallo judicial fue tajante al rechazar los planteos dilatorios de la defensa, que solicitaba la realización de nuevas pericias contables e informáticas. El magistrado recordó que el estudio contable ya contó con peritos del Ministerio Público Fiscal y de la propia defensa, quienes llegaron a conclusiones coincidentes respecto a la inconsistencia patrimonial. De este modo, la acusación quedó firme para el sorteo del tribunal que llevará adelante el juzgamiento.
Un desvío millonario y el historial de condenas
La acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal se centra en dos ejes principales: el abrupto e injustificado crecimiento patrimonial de Urribarri y su relación económica directa con Cardona Herreros, quien fue un conspicuo contratista del Estado entrerriano durante sus dos períodos de gobierno (2007-2015). Para esta nueva causa, la Fiscalía adelantó que pedirá una condena de 5 años y 10 meses de prisión para el exgobernador, exigiendo además la devolución de cifras astronómicas que no pudieron justificarse: 7 millones de dólares, 16 mil euros y más de 11,5 millones de pesos argentinos.
Actualmente, Urribarri cumple su pena de 8 años de prisión en la cárcel-granja de Gualeguaychú, luego de que la Corte Suprema ratificara su responsabilidad en maniobras de peculado y negociación incompatible con la función pública. En ese mismo centro penitenciario se encuentran recluidos su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y su exministro de Comunicación, Pedro Báez, ambos condenados dentro del mismo expediente por desvío de fondos institucionales.
Impacto regional y el costo del abuso de poder
El devenir judicial de Urribarri resuena en la política regional de la cuenca del Plata, donde la transparencia administrativa en las provincias fronterizas es permanentemente fiscalizada por la ciudadanía. Quién fuera el primer gobernador entrerriano en ser reelecto bajo la constitución de 2008 y fugaz aspirante a la presidencia argentina terminó dimitiendo a su cargo como embajador ante Israel en 2022 tras su primera condena, dejando al descubierto una red de corrupción sistémica que golpeó con fuerza la confianza institucional.
El avance de estas causas no solo pone de manifiesto la impunidad con la que operaban ciertos entramados políticos y empresariales en el litoral argentino, sino que también sienta un precedente clave para el recupero de activos derivados de la corrupción pública en la región.
Hacia el banquillo en múltiples frentes
El horizonte legal de Urribarri se anticipa sumamente complejo. Además de su condena firme y del juicio por enriquecimiento ilícito recién elevado, el exgobernador aguarda el inicio de un tercer proceso penal por el presunto pago de coimas a contratistas estatales, en el cual la Fiscalía solicitó una pena adicional de 10 años de cárcel.
Con las apelaciones agotadas para su primera condena y la acumulación de expedientes por delitos económicos, el exmandatario atraviesa sus días más oscuros tras las rejas, mientras la Justicia argentina intenta restituir al erario público los fondos desviados durante casi una década de gestión.
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