El presidente del Senado, Higinio Martínez, afirmó que la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, representa un avance para esclarecer la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en territorio mexicano sin autorización del Gobierno federal.
Detención del exfiscal y su contexto
El legislador señaló que la solicitud y concesión de una orden de aprehensión contra el exfuncionario constituyen elementos que deben considerarse dentro de las investigaciones sobre las posibles irregularidades relacionadas con el caso. Martínez aclaró que corresponde a las autoridades determinar si los hechos constituyen delitos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse del procedimiento judicial.
Operativo en El Pinal y preguntas clave
El caso está relacionado con un operativo en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino en la localidad de El Pinal. En las investigaciones también se ha abordado la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la muerte de integrantes de esa agencia. Martínez sostuvo que sus cuestionamientos no se dirigen contra los agentes estadounidenses por su nacionalidad, sino contra las condiciones en las que presuntamente participaron en actividades dentro del país.
Postura del Gobierno de Chihuahua y las investigaciones en curso
El senador explicó que, desde su perspectiva, el punto central es determinar por qué se habría permitido la intervención de personal extranjero sin contar con la autorización de las autoridades federales competentes. En ese sentido, consideró que la postura del Gobierno de Chihuahua representa una rectificación respecto a la actuación del entonces fiscal. No obstante, subrayó que las conclusiones deberán sustentarse en las declaraciones del exfuncionario y en el desarrollo de las investigaciones.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que existe una causa federal relacionada con hechos que podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional, por la presunta participación de agentes extranjeros sin el permiso correspondiente. Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que la investigación estatal sobre el operativo concluyó su etapa inicial y fue judicializada por delitos del fuero común. También afirmó que la nueva causa federal corresponde a una investigación distinta y manifestó la disposición de su administración para colaborar con las autoridades.
Interrogantes y participación de autoridades
La detención de Jáuregui abrió nuevas interrogantes sobre la actuación de los funcionarios involucrados y el alcance de las investigaciones federales y estatales. Entre los principales puntos que se mantienen bajo análisis están:
- La participación de agentes extranjeros: determinar bajo qué condiciones intervinieron en el operativo de El Pinal.
- La autorización federal: esclarecer si existieron permisos de las autoridades competentes para realizar esas actividades.
- Las responsabilidades individuales: establecer qué funcionarios participaron y si incurrieron en alguna conducta ilegal.
- Las investigaciones judiciales: precisar el alcance de las causas iniciadas por las autoridades estatales y federales.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, hasta donde tenía conocimiento, no existían pruebas que involucraran directamente a la gobernadora Maru Campos, aunque indicó que corresponde a la Fiscalía aclarar el alcance de las indagatorias.
En un asunto distinto, el presidente del Senado propuso revisar la posibilidad de citar a funcionarios del sector salud ante legisladores, en el marco del segundo informe de Gobierno. Martínez mencionó al director general del IMSS, Zoé Robledo, y al secretario de Salud, David Kershenobich, ante las inconformidades y demandas expresadas por trabajadores del sector. También planteó que representantes de IMSS-Bienestar podrían acudir al Senado para explicar la situación de ese organismo y los problemas reportados en la atención médica.
El senador indicó que la propuesta deberá analizarse con la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La decisión dependerá de los acuerdos entre los grupos parlamentarios y de la eventual ampliación del calendario de comparecencias. Martínez sostuvo que el objetivo es que los senadores reciban información directa de los titulares de las instituciones sobre las problemáticas que enfrentan y las medidas previstas para atenderlas.
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