El pleno del Senado mexicano ha aprobado en lo general la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, la cual establece la obligación de realizar pagos digitales y electrónicos. La votación resultó en 72 votos a favor y 37 en contra.
Obligación de pagos electrónicos
Esta nueva normativa de orden público y observancia nacional está diseñada para promover el uso de pagos digitales y electrónicos, obligando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a aceptarlos en trámites y servicios. La Secretaría de Hacienda tendrá la potestad de definir sectores específicos donde estos sean la única forma de pago. La ley entrará en vigor al día siguiente de la publicación del decreto y contempla una sustitución gradual del uso de efectivo, estipulando excepciones temporales en casos de fallas o contingencias.
Medios de pago reconocidos
El ordenamiento reconoce como medios de pago digitales y electrónicos válidos los códigos QR, dispositivos NFC, tarjetas de débito y crédito, transferencias de fondos, domiciliaciones y otros dispositivos o interfaces que sean aprobados por las autoridades competentes. Su implementación coexistirá con la legislación financiera, mercantil, bancaria y civil vigente en el país. Las dependencias federales, estatales y municipales deberán tomar medidas necesarias para recibir estos métodos de pago. Los proveedores privados de bienes y servicios podrán incorporarlos de manera voluntaria.
Los que habiliten pagos electrónicos deberán disponer de la infraestructura necesaria, informar a los usuarios sobre los medios disponibles y tomar medidas para responder en caso de fallas que impidan realizar cobros. Si alguna contingencia impide el uso de herramientas digitales, se permitirá temporalmente el pago en efectivo o con cheque. Esta excepción no podrá ser utilizada de manera permanente o recurrente con el fin de evitar las obligaciones establecidas por el nuevo régimen.
Facultades de la Secretaría de Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes donde los medios de pago digitales y electrónicos serán la única forma permitida. Las autoridades de cada sector deben establecer las condiciones, requisitos, obligaciones y mecanismos para reemplazar gradualmente el uso de efectivo. Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la ley, Hacienda deberá definir los primeros sectores y actividades sujetos a esta disposición. Una vez publicada esa determinación, las autoridades sectoriales tendrán otros 15 días hábiles para emitir sus normas y establecer los plazos de transición necesarios. La implementación de estas medidas deberá financiarse con los presupuestos ya autorizados, sin requerir asignaciones adicionales de recursos públicos.
Controversia y oposición
El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado votó en contra de la Ley de Economía Digital, argumentando que la medida podría perjudicar a pequeños comercios y empresas al restringir el uso de efectivo. La bancada destacó que el 85.2% de las compras cotidianas menores a 500 pesos se realizan con billetes y monedas, mientras que el 45% de los adultos carece de una cuenta bancaria. También cuestionaron que una PyME o un comerciante de mercado tendría que contratar internet, rentar una terminal y enfrentar comisiones bancarias que van del 1.5% al 4.5% por cada venta.
El senador José Máximo García López, representante de Baja California, denunció que la reforma permitiría a la Secretaría de Hacienda prohibir el uso de efectivo en sectores determinados y obligaría a los negocios a cobrar mediante plataformas digitales. “Sí a la tecnología voluntaria y gratuita, pero no a la extorsión fiscal disfrazada de modernidad, no al cheque en blanco para Hacienda y no al golpe contra la economía popular”, afirmó. García López también señaló que los artículos 18 y 19 contemplan la CURP digital y el expediente digital ciudadano, medidas que, según él, permitirían una mayor vigilancia fiscal. Acción Nacional exigió la implementación de una comisión cero para las microempresas, un fondo público de conectividad y garantías para que el efectivo siga siendo una opción de pago.
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