Un severo cimbronazo sacudió la escena política uruguaya tras la irrupción de una propuesta legislativa pensada para golpear directo en el bolsillo de los dirigentes morosos. La bancada de Cabildo Abierto presentó formalmente un proyecto de ley para que aquellos candidatos y líderes de lista que mantengan deudas de cualquier tipo con el Estado queden inhabilitados de percibir los jugosos aportes públicos que se liquidan por cada voto recibido en las jornadas electorales.
La iniciativa, redactada en solo dos artículos de extrema dureza, fue promovida por los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. Según revelaron los promotores en declaraciones exclusivas al diario El Observador, el detonante del proyecto fue el caso puntual del exdiputado de la propia colectividad, Eduardo Lust, quien arrastra un embargo genérico trabado por la Dirección General Impositiva (DGI) y continuó embolsando cifras astronómicas por concepto de subsidios electorales sin regularizar su situación.
Los certificados exigidos y la retención del dinero
El articulado establece que, para hacer efectivo el cobro del reembolso estatal por votos válidos, los titulares que encabecen las planillas deberán presentar ante la Corte Electoral una batería de certificados de «libre de deuda» o convenios de pago vigentes. La exigencia abarca a la DGI, el Banco de Previsión Social (BPS), el Impuesto de Primaria y el Fondo de Solidaridad. La simple ausencia de uno de estos documentos provocará la traba e inmovilización automática de las partidas financieras.
El texto prevé una aplicación inmediata a partir de su promulgación, con la mira puesta en el próximo calendario electoral. «No puede ser que los políticos cobren del Estado y no cumplan con sus obligaciones», arremetió Perrone, dejando al descubierto la indignación interna por el caso de su excompañero de bancada durante el período 2020-2025.
La suma que encendió la mecha: US$ 190.000 entre dos elecciones
Los números que rodean la polémica por las liquidaciones de Lust indignan al sistema político. El exdiputado mantenía una traba judicial desde 2017, la cual fue renovada por el fisco en 2022. Pese a esa condición, en los comicios de 2019 cobró unos 60.000 dólares tras obtener 15.000 adhesiones como candidato a la Cámara de Representantes.
El escenario se profundizó en la contienda de 2024, donde al acumular postulaciones a la Cámara de Diputados, al Senado y a la Presidencia de la República, percibió la tarifa completa de diez dólares por cada uno de los casi 13.000 sufragios que cosechó. En total, entre ambas instancias electorales, Lust absorbió entre 180.000 y 190.000 dólares del Erario Público manteniendo el embargo activo, una maniobra que Cabildo Abierto busca desterrar definitivamente del sistema democrático.
Dejá tu comentario
Comentá con tu nombre y Gmail. Tu correo es privado y nunca se publica.