Parece que en el gremio de la construcción se olvidaron de que los estatutos no están de adorno. La sanción del MEC al SUNCA es el resultado de un proceso de fiscalización que dejó al descubierto un manejo de las cuentas que, como mínimo, genera sospechas y mucha bronca entre los afiliados que ponen su cuota todos los meses. No se trata de una persecución política, como seguramente saldrán a decir; se trata de que el sindicato más poderoso del país no presenta sus estados contables ni financieros a la directiva ni a los centros de trabajo, algo que es una obligación básica y permanente.
La resolución, que ya está para la firma del ministro José Carlos Mahía, es un «tirón de orejas» administrativo que llega en un momento de alta tensión. Observar y apercibir a una institución de este peso no es algo que se haga todos los días, pero la gravedad de las irregularidades constatadas por el Ministerio de Educación y Cultura no dejó margen para otra salida. Cuando la plata de los laburantes se maneja entre cuatro paredes y sin balances a la vista, la confianza se rompe y el Estado tiene que intervenir para poner orden en el gallinero.
Los motivos detrás de la sanción del MEC al SUNCA
El núcleo del problema radica en una falta de transparencia que asusta. La sanción del MEC al SUNCA hace hincapié en que el sindicato ha sistemáticamente omitido la presentación de sus estados financieros. Esta «oscuridad» contable impide que los propios trabajadores sepan en qué se gasta su dinero, cómo se invierten los recursos y cuál es la salud económica real de la organización. Un gremio que exige transparencia a las empresas, pero que puertas adentro oculta sus propios números, es una contradicción que camina directo al precipicio legal.
Además del ocultamiento de los balances, el Ministerio detectó que no se cumple con la bajada de información a los centros de trabajo. En Uruguay, la democracia sindical se basa en la información; si los delegados de obra y los trabajadores de base no tienen acceso a los estados financieros, la representatividad se vuelve un dibujo. Esta violación estatutaria es la que motivó el apercibimiento inmediato para que realicen las correcciones necesarias antes de que las medidas pasen a ser todavía más drásticas.
Sombras en la Fundación Solidario y la sanción del MEC al SUNCA
Como si fuera poco con el desorden interno del sindicato, la lupa también cayó sobre la Fundación SUNCA Solidario. La sanción del MEC al SUNCA incluye un apartado específico para esta institución que, según la fiscalización, ha operado por fuera de las normas de registro. La Fundación no cumple con la presentación de su memoria anual ante el Registro de Asociaciones Civiles y Fundaciones, un requisito indispensable para cualquier entidad de este tipo que quiera operar legalmente en el país.
Es indignante que una institución que lleva la palabra «solidario» en su nombre sea la primera en fallar en la rendición de cuentas. ¿A dónde fue a parar la ayuda? ¿Cómo se gestionaron los recursos destinados a fines sociales? Son preguntas que hoy no tienen respuesta oficial por la negligencia administrativa del gremio. La sanción ministerial es clara: no se puede andar por la vida pidiendo solidaridad mientras se esquiva el control del Estado y se esconden los papeles debajo de la alfombra.
El impacto de la sanción del MEC al SUNCA en el gremio
Esta medida del gobierno sacude los cimientos de la calle Yi. La sanción del MEC al SUNCA no solo mancha la imagen pública de la directiva, sino que expone una forma de hacer política sindical que parece estancada en el pasado, donde el control era un «favor» y no un derecho de los afiliados. El ministro Mahía ha sido tajante al exigir que se regularice la situación de forma inmediata, marcando una cancha donde la impunidad gremial ya no tiene lugar.
El SUNCA tendrá ahora que correr para poner los papeles al día y explicarle a su gente por qué se llegó a este extremo de ser apercibidos por el Ministerio. La falta de memorias anuales y el ocultamiento de estados contables son manchas que no se borran con un discurso en un estrado. En un Uruguay que exige transparencia total, los sindicatos deben ser los primeros en dar el ejemplo, y hoy, lamentablemente, el gremio de la construcción está dando el peor de los espectáculos.
¿Es posible confiar en una dirigencia que exige derechos en la calle pero que puertas adentro viola sus propios estatutos y oculta el destino de los fondos de sus afiliados?
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