Salud mental en Brasil expuesta tras tragedia en zoológico
La salud mental en Brasil quedó en el centro del debate luego de la muerte de Gerson de Melo Machado, un joven de 19 años que padecía trastornos psicóticos y fue devorado por una leona en el zoológico de Parque Arruda Câmara, en João Pessoa. El episodio, registrado en video por visitantes, mostró cómo el muchacho se entregó deliberadamente al animal, reflejando el abandono médico y social que marcó su vida.
Gerson había sido atendido por el Consejo Tutelar de Mangabeira durante nueve años, pero nunca recibió un diagnóstico psiquiátrico adecuado. Los especialistas insistían en catalogar su cuadro como “trastornos de conducta”, ignorando los antecedentes familiares de esquizofrenia. “Su trastorno mental era evidente, pero el Estado respondió diciendo que solo se trataba de conducta”, denunció Verônica Oliveira, referente del Consejo. La salud mental en Brasil, según ella, enfrenta un sistema incapaz de dar respuestas a casos graves.
Otro episodio en Río de Janeiro
Un día antes, en Río de Janeiro, João Antônio Miranda Tello Gonçalves regresó armado a su trabajo en el Cefet y asesinó a dos compañeras. Pese a sus problemas psiquiátricos, tenía permiso de armas. La salud mental en Brasil volvió a quedar expuesta: diagnósticos insuficientes, permisos cuestionables y ausencia de protocolos de prevención.
Aunque el Sistema Único de Saúde (SUS) ofrece cobertura nacional, el acceso a servicios psiquiátricos es profundamente desigual. Un informe de 2023 reveló que el 78,8% de los brasileños con síntomas depresivos graves no recibió tratamiento. En la región norte, el porcentaje ascendía al 90,2%. La salud mental en Brasil, además, muestra un aumento alarmante de suicidios, situando al país en el segundo lugar regional en números absolutos.
En 2024, Brasil registró más de 470.000 bajas laborales por ansiedad y depresión, un récord histórico. La salud psicológica en Brasil se tradujo en un costo social de 3.000 millones de reales, con mujeres de 40 años como el grupo más afectado. Los estados de San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro concentran la mayor cantidad de licencias, mientras Rio Grande do Sul sufrió un deterioro adicional tras las inundaciones.
El Gobierno incluyó la salud mental en Brasil dentro de la normativa laboral NR-1, obligando a las empresas a prevenir riesgos psicológicos como exceso de trabajo o acoso. Sin embargo, la fiscalización recién comenzará en mayo de 2026, lo que evidencia la lentitud del sistema.
Tras la reforma psiquiátrica de 2001, se cerraron manicomios y se creó la Red de Atención Psicosocial (RAPS). Los Centros de Atención Psicosocial (CAPS) funcionan como alternativa comunitaria, pero expertos advierten que no alcanzan para casos de esquizofrenia. “La asistencia requiere medicamentos específicos e intervenciones psicosociales, y no existe protocolo adecuado”, señaló Ary Gadelha de Alencar Araripe Neto, de la Unifesp.
Manicomios judiciales en debate
La salud mental en Brasil también enfrenta el dilema de los hospitales de custodia. La Resolución 487 del Consejo Nacional de Justicia ordenó su cierre en 2023, pero el Supremo Tribunal Federal aún debe decidir su constitucionalidad. Médicos alertan sobre la falta de alternativas seguras, mientras persisten denuncias de condiciones degradantes en esas instituciones.
La estado psíquico en Brasil enfrenta además un reto cultural: el estigma social que rodea a los pacientes. Muchos evitan buscar ayuda por miedo a la discriminación en el trabajo o en su comunidad. Organizaciones civiles reclaman campañas de sensibilización que acompañen las políticas públicas, porque sin un cambio en la percepción social, los avances médicos y legales quedan incompletos. La salud mental en Brasil, más allá de cifras y protocolos, requiere un compromiso colectivo que incluya familias, escuelas y empresas. ¿Podrá el país derribar prejuicios históricos para garantizar un acceso digno y universal?
¿Podrá Brasil transformar la gestión de la salud mental antes de que nuevas tragedias sacudan al país?
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