Un hecho indignante que evidencia el deterioro de la convivencia social en medio de la tragedia sacude a la opinión pública en Colombia. Durante las intensas labores de auxilio desplegadas tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que afectó al centro del país el pasado 10 de agosto de 2026, delincuentes roban a rescatista en Pereira su principal medio de transporte mientras este arriesgaba su vida buscando sobrevivientes sepultados bajo los escombros.
La víctima del delictivo accionar fue Samuel Montoya, un socorrista voluntario que se encontraba desplegado en el barrio Providencia, una de las zonas urbanas más castigadas por el colapso de estructuras en la capital de Risaralda. Según relató el propio afectado, la sustracción de su vehículo —una motocicleta marca NCA de color azul, modelo 2008, con matrícula QUL50A— se produjo en horas de la madrugada del miércoles 12 de agosto, en momentos en que trabajaba junto a otros brigadistas en la remoción manual de concreto y vigas.
El voluntario explicó que la motocicleta no representaba únicamente un patrimonio personal, sino la herramienta logística clave de la que dependía diariamente para movilizarse entre los puntos de emergencia, trasladar equipos de primeros auxilios y prestar soporte a las familias afectadas por el movimiento telúrico.
La investigación tras el caso en que roban a rescatista en Pereira y la respuesta oficial
El testimonio de Samuel Montoya, difundido a través de plataformas digitales, refleja la impotencia que embarga a las delegaciones de auxilio. Al finalizar la extensa jornada nocturna de búsqueda, el rescatista se dirigió al punto donde había estacionado el vehículo para continuar sus trayectos operativos y constató que había sido hurtado sin que nadie advirtiera la presencia de los responsables.
«Cuando ya amaneció y pasó todo lo que tenía que pasar, hicimos lo posible. Vengo a buscar mi moto y mi moto no está. Se la llevaron. No sé a qué hora ni en qué momento», manifestó el socorrista, visiblemente afectado por la situación. El joven cuestionó duramente la falta de empatía de los delincuentes que aprovechan la vulnerabilidad de la población en contingencia para cometer estos ilícitos.
Ante la imposibilidad de desplazarse para continuar colaborando con los organismos oficiales de socorro, Montoya solicitó el apoyo de la ciudadanía para intentar ubicar el rodado e incluyó un número telefónico de contacto directos para recibir cualquier información que permita a las autoridades recuperar el vehículo.
Denuncias por saqueos y hurtos recurrentes en zonas de desastre
El caso de Samuel Montoya no constituye un evento aislado dentro del panorama de la emergencia que atraviesa el occidente colombiano. Desde que se registró el terremoto el pasado lunes 10 de agosto, habitantes de las ciudades de Pereira y Cali han publicado múltiples denuncias sobre el accionar de delincuentes que recorren los inmuebles colapsados y desocupados para sustraer elementos de valor.
En diversos sectores afectados de Pereira, los residentes han reportado la presencia de personas ajenas a la comunidad que se apoderan de pertenencias dejadas por las familias evacuadas o que interceptan el equipamiento de los brigadistas. En plataformas de comunicación circularon imágenes que muestran a personas retirando objetos de valor y dinero de propiedades severamente dañadas por la acción del sismo.
Estas conductas generaron un profundo rechazo entre la población civil y las agrupaciones de voluntariado, cuyos miembros advierten sobre el riesgo de continuar operando en zonas donde la falta de alumbrado público y la dispersión del personal policial facilitan el accionar de los asaltantes.
Despliegue de las fuerzas del orden para custodiar las áreas críticas
Frente a la escalada de denuncias por robos a damnificados y el episodio en que roban a rescatista en Pereira, el Gobierno Nacional y las autoridades locales dispusieron un refuerzo de los esquemas de seguridad en los departamentos más golpeados por el evento telúrico.
En la ciudad de Cali, el Ejército Nacional de Colombia desplegó un contingente integrado por 1.400 efectivos militares con el objetivo de patrullar más de 40 puntos estratégicos, prevenir saqueos en zonas residenciales y comerciales, y resguardar el trabajo de las unidades médicas y de rescate. Un operativo de similares características de vigilancia fue reforzado en el área metropolitana de Pereira por parte de la Policía Nacional.
Las autoridades judiciales avanzan en la revisión de cámaras de videovigilancia y testimonios de residentes para dar con la ubicación de la motocicleta del socorrista voluntario y capturar a los responsables de los saqueos que ensombrecen las labores humanitarias.
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