El Gobierno nacional ha dado a conocer una serie de medidas destinadas a prevenir actos de violencia durante las manifestaciones programadas para la segunda semana de octubre, enfocándose especialmente en el suroccidente del país. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, comunicó que comenzará la implementación de la reforma al decreto 003, que establece normativas para la actuación de las autoridades en las protestas.
Este anuncio fue realizado tras un consejo de seguridad celebrado en Cali, con la participación de los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Según Lara, la reunión sirvió para examinar escenarios de riesgo y coordinar acciones para hacer frente a posibles desórdenes públicos.
Medidas focalizadas para garantizar protestas pacíficas
En Nariño, el Gobierno está evaluando un posible bloqueo en Remolinos, jurisdicción de Taminango, además de la situación en Túquerres y las rutas hacia Ecuador. El funcionario aseguró que la prioridad es asegurar el derecho a la protesta pacífica y actuar de manera precisa para prevenir y contener episodios violentos. “Profundo respeto por la protesta pacífica, cero tolerancia hacia la violencia”, manifestó.
Las medidas incluyen una vigilancia especial sobre Cali, el Valle del Cauca, el departamento del Cauca y Nariño. En esta última región, las autoridades analizan la situación en Remolinos, en el municipio de Taminango, donde está previsto un punto de bloqueo que el Gobierno intenta prevenir. También se está monitoreando lo que pueda suceder en sectores de Túquerres y en las carreteras hacia Ecuador, mientras que en el Cauca la atención se centra en las movilizaciones indígenas y la necesidad de mantener el tránsito por la carretera Panamericana.
La estrategia del Gobierno para las movilizaciones
La carretera Panamericana será uno de los corredores viales supervisados por las autoridades para garantizar la movilidad durante las protestas. Lara enfatizó que el Gobierno pretende anticiparse a las situaciones que puedan afectar la movilidad y la seguridad durante las manifestaciones. La entrada en vigor de la reforma al decreto 003 forma parte de la estrategia para proteger las manifestaciones pacíficas y contener actos violentos. “El objetivo es asegurar la protesta pacífica y poder focalizar, prevenir, atacar y contener los focos de violencia”, aseguró el ministro.
Previamente a la firma del decreto el 9 de octubre, Lara explicó los parámetros que determinarán cuándo una protesta puede pasar de ser una expresión legítima a una situación que requiera intervención de las autoridades. El funcionario indicó que la Dirección de Diálogo Social de su cartera concluyó la recopilación de observaciones al borrador de la norma, cuyo periodo de comentarios finalizó el 4 de octubre. El objetivo es delimitar las conductas que representan violencia sin restringir el derecho a la movilización. “Ni un derecho menos para quien protesta, ni un espacio más para quien destruye”, afirmó.
Definición de actos violentos y causales para concluir el diálogo
Entre las situaciones que se clasificarán como actos violentos están los ataques a personas, el lanzamiento de objetos capaces de causar lesiones graves, la retención de ciudadanos y el uso de menores para propósitos ilegales. Lara también señaló que el documento especifica qué comportamientos no son considerados violentos, al no constituir delitos ni contrariar las normas de convivencia.
El borrador presenta ocho causales para dar por agotado el diálogo, tales como agresiones a misiones médicas y de prensa, retención de personas, y alteraciones a los servicios públicos. “Era necesario precisar esto, y eso es lo que hicimos”, afirmó el ministro.
Procedimiento para la intervención en protestas
El decreto propone una actuación escalonada. Inicialmente, participarán los gestores de convivencia de las alcaldías, seguidos de un diálogo directo con los manifestantes y una fase de mediación. Si los actos violentos persisten, el alcalde podrá solicitar medidas de disuasión desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). En el caso de que estas acciones no controlen la situación, podrá intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad.
Respecto a los bloqueos viales, Lara aseguró que se establecerán corredores humanitarios para evitar que tales situaciones impidan el traslado de personas que requieren atención o ayuda. “Siempre habrá corredores humanitarios, es decir, un bloqueo total y eterno de una carretera es inimaginable en una sociedad democrática”, dijo.
En respuesta a las críticas de sectores opositores, el ministro rechazó que la propuesta sea autoritaria. Según afirmó, el objetivo es definir las condiciones para concluir el diálogo, identificar conductas violentas y establecer cuándo pueden intervenir las autoridades. “Esto no es autoritario. Eso es ridículo”, respondió Lara, comparando el debate con las regulaciones en países como España, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Añadió que el Gobierno no planea modificar las condiciones para ejercer el derecho a la protesta, sino definir los criterios para actuar ante situaciones violentas.
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