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Mientras Venezuela libera presos, aumenta la brutal represión en Nicaragua este viernes

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Detenciones por represión en Nicaragua
Los arrestos arbitrarios aumentan como parte de la represión en Nicaragua.
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La represión en Nicaragua ha alcanzado un nuevo pico de intensidad tras los sismos políticos que sacuden a la región. El régimen copresidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una cacería de ciudadanos que se atrevieron a opinar, festejar o simplemente comentar la reciente captura de su aliado estratégico, el venezolano Nicolás Maduro, a manos de tropas estadounidenses. Según el informe del organismo Monitoreo Azul y Blanco, al menos 60 personas fueron arrancadas de sus hogares en operativos que carecen de cualquier garantía jurídica, consolidando un clima de terror que ya es moneda corriente en el país centroamericano.

Esta escalada de represión en Nicaragua no distingue fronteras geográficas dentro del territorio nacional. Los arrestos arbitrarios se han concentrado en departamentos clave como Chontales, Matagalpa, Estelí, y la propia capital, Managua, extendiéndose incluso hacia las regiones del Caribe. La dinámica denunciada es alarmante: efectivos policiales ingresan a las viviendas para detener a personas cuyo único «delito» fue no repetir la propaganda oficial o haber deslizado un comentario en redes sociales sobre el cambio de mando en Venezuela.

El veraz del miedo: comentarios que terminan en prisión

Lo que define esta fase de la represión en Nicaragua es el control absoluto del pensamiento. Ya no se trata solo de movilizaciones callejeras —prácticamente inexistentes por el miedo—, sino de la persecución de expresiones de opinión en el ámbito privado. El organismo defensor de derechos humanos denunció que estas detenciones se ejecutan basándose únicamente en capturas de pantalla de comentarios en redes o en denuncias de sapos del régimen que reportan celebraciones privadas. De los 60 detenidos, 49 permanecen en una situación de total aislamiento, sin que sus familias sepan siquiera de qué se los acusa formalmente.

La falta de información oficial es una constante que agrava la represión en Nicaragua. Hasta el momento, el aparato estatal de Ortega no ha emitido ni un solo comunicado que explique la situación legal de los aprehendidos. Esta opacidad es interpretada por analistas internacionales como una estrategia de «castigo ejemplarizante»: el régimen busca demostrar que cualquier guiño a la caída de un gobierno aliado será pagado con la cárcel. Para los nueve que recuperaron la libertad tras retenciones temporales, el mensaje es claro: el Estado te vigila incluso en la intimidad de tu hogar.

Un contraste regional que expone al régimen de Ortega

Mientras la comunidad internacional observa con cautela los movimientos en Caracas, la embajada de Estados Unidos en Managua no dejó pasar la oportunidad para señalar las contradicciones de la zona. En un mensaje contundente, la representación diplomática recordó que mientras en Venezuela se ha dado un paso hacia la paz liberando presos políticos tras el operativo militar, en el país de Ortega la represión en Nicaragua mantiene tras las rejas a pastores, ancianos, trabajadores religiosos y enfermos. «¡La paz solo es posible con libertad!», advirtió la embajada a través de la red social X.

Este endurecimiento de la represión en Nicaragua parece ser una respuesta defensiva de un régimen que se siente cercado. La caída de Maduro no es solo la pérdida de un socio comercial y petrolero, sino el fin de un modelo de «hermandad autoritaria» que servía de espejo y respaldo para las acciones de Ortega. La orden de no permitir expresiones de júbilo o análisis críticos revela la fragilidad de un gobierno que solo puede sostenerse mediante el uso sistemático de la fuerza pública contra su propia población civil.

El llamado urgente a la comunidad internacional

El Monitoreo Azul y Blanco ha hecho un llamado desesperado para que el mundo no aparte la mirada de Centroamérica. La represión en Nicaragua amenaza con profundizarse si no existe una presión diplomática coordinada que exija la liberación inmediata de los más de 60 nuevos presos políticos, que se suman a los que ya venían sufriendo el encierro desde años anteriores. La impunidad con la que actúan las fuerzas policiales nicaragüenses, sin necesidad de órdenes judiciales ni procesos transparentes, coloca a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad total.

El futuro inmediato del país parece estar atado a la capacidad de resistencia silenciosa de su pueblo y a la reacción de los organismos multilaterales. Por ahora, las celdas de El Chipote y otras cárceles del régimen se siguen llenando de personas que cometieron el «pecado» de creer que en internet se podía decir la verdad. La represión en Nicaragua no es solo un conflicto político; es una crisis humanitaria que se agrava con cada minuto que pasa sin que se conozca el paradero de los detenidos.

¿Podrá la presión externa frenar la mano de Ortega, o Nicaragua se encamina a un aislamiento total donde la opinión propia sea la sentencia definitiva de muerte civil?

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