El Ministerio del Trabajo ha presentado ocho proyectos de decreto con el objetivo de derogar o modificar regulaciones laborales implementadas durante el gobierno de Gustavo Petro. Estas acciones buscan corregir sanciones, atribuciones y reglas que podrían exceder las facultades reglamentarias del Ejecutivo. Las propuestas estarán abiertas para comentarios hasta el 9 de noviembre de 2026 y no alteran la Ley 2466 de 2025, que contiene la reforma laboral vigente.
La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ha identificado multas que superan por 50 veces los límites legales, funciones judiciales otorgadas a inspectores y normas anuladas previamente por el Consejo de Estado, que habrían sido reproducidas en nuevos decretos. También se señalaron errores técnicos, como artículos con numeración duplicada y remisiones a disposiciones inexistentes.
Corrección de Sanciones y Atribuciones
El Ministerio sostiene que los derechos laborales continúan protegidos por la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y las leyes aprobadas por el Congreso. «Ordenar la regulación laboral no es retroceder, es darles a los derechos de los trabajadores una base que nadie pueda tumbar», afirmó el Ministerio.
En relación con la tercerización laboral, uno de los proyectos propone derogar el Decreto 581, que regulaba esta práctica ilegal, debido a que establecía multas superiores a las permitidas y retomaba disposiciones anuladas por el Consejo de Estado. No obstante, la prohibición de contratar mediante terceros para cubrir labores permanentes de una empresa seguirá vigente.
Impacto en Diversos Sectores
Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset), resaltó la necesidad de derogar y expedir una nueva regulación que permita identificar prácticas de intermediación ilegal, sin confundirlas con actividades autorizadas de las empresas de servicios temporales.
Otro decreto, el 992 de 2026, que regula los pactos colectivos, también se verá afectado. El depósito de estos convenios volverá a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo, aunque seguirá prohibido suscribirlos cuando un sindicato reúna a más de un tercio de los empleados de la empresa.
Modificaciones Propuestas
Las nuevas propuestas contemplan también ajustar el Decreto 720 para redefinir las facultades preventivas de los inspectores laborales, quienes podrán intervenir en situaciones de riesgo, pero sus decisiones deberán estar motivadas, tener carácter temporal y ser revisables.
En cuanto al Decreto 991, se propone modificar la base sobre la cual los repartidores de plataformas digitales deberán hacer sus aportes a la seguridad social. En lugar de calcularse sobre un salario mínimo, las cotizaciones se harían sobre el 40% de los ingresos reales del trabajador.
Reacciones y Proceso de Consulta
La reforma ha generado reacciones encontradas. Organizaciones como Alianza In, que representa a plataformas digitales, han solicitado la derogación de ciertas normas, y la modificación de los decretos ha sido discutida en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.
El proceso de revisión fue precedido por reuniones entre organizaciones de trabajadores, gremios empresariales y el Gobierno. Central Unitaria de Trabajadores y otras entidades han presentado observaciones, destacando la importancia de mantener el principio de progresividad de los derechos laborales. Mientras tanto, Fabio Arias, líder sindical, expresó preocupaciones sobre un potencial desmonte de derechos, en contraste con voces del sector empresarial que ven estas reformas como un avance en seguridad jurídica.
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