Sumario por profesor armado Udelar: medidas, apelación y contexto institucional
La Facultad de Odontología de la Udelar abrió un sumario administrativo luego de que un docente ingresara al edificio portando un arma de fuego, según fuentes oficiales. Como medida cautelar y mientras se investiga el episodio, la universidad lo separó del cargo por seis meses y dispuso la retención del 50% de su salario. El caso generó un choque institucional inmediato: el profesor presentó un recurso jerárquico para impugnar la sanción, y la Universidad rechazó ese planteo.
En su apelación, el docente sostuvo que la medida cautelar constituye un “adelanto” de sanción, la calificó de desproporcionada y alegó que no se le había dado la oportunidad de exponer su versión antes de disponer la suspensión. El Consejo Directivo Central de la Udelar desestimó el recurso y mantuvo la resolución en todos sus términos, fundamentándola en la gravedad atribuida a los hechos.
Desde el órgano rector recordaron que las medidas preventivas tienen carácter cautelar y no punitivo, y que el procedimiento disciplinario permitirá al docente articular su defensa en tiempo y forma. La universidad subrayó además que la decisión se ajusta a la máxima sanción cautelar que contempla el régimen estatutario de la institución. Mientras tanto, la investigación interna sigue su curso con reserva sobre detalles operativos.
La situación reavivó el debate sobre protocolos de seguridad y el alcance de las sanciones académicas frente a conductas consideradas de riesgo en el ámbito educativo. Para la Udelar, la combinación de la presencia de un arma y el contexto en el que ocurrió la denuncia justificó la suspensión preventiva. Para el recurrente, en cambio, la medida vulnera derechos laborales y fue adoptada sin valoración de su versión de los hechos.
Legalmente, el expediente seguirá los pasos de un sumario: notificación formal, posibilidad de presentar pruebas y testigos, y resolución motivada una vez finalizada la instrucción. Si bien la retención del salario es excepcional, la universidad la aplica como cautela mientras se esclarecen responsabilidades. En paralelo, el caso podría derivar en acciones administrativas y, eventualmente, en vías judiciales según los resultados de la investigación.
La comunidad académica observó con atención la decisión, tanto por el componente disciplinario como por las implicancias en materia de confianza y seguridad dentro del recinto. Los directivos insistieron en que la prioridad es preservar el ambiente educativo y asegurar que se investiguen a fondo los hechos denunciados. El episodio servirá, muy probablemente, para revisar protocolos internos y protocolos de seguridad en la facultad.
En los próximos días se aguarda el dictamen final del sumario administrativo y, si corresponde, la apertura de instancias disciplinarias o judiciales complementarias. Mientras tanto, el caso seguirá siendo objeto de seguimiento institucional y comunicación con las partes involucradas.
