La discusión en torno a la prisión domiciliaria para adultos mayores retomó una fuerte centralidad en la Cámara de Senadores, impulsada por los recientes reclamos públicos formulados por el dirigente de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. La exigencia de acelerar la definición sobre los marcos normativos que regulan la privación de libertad en la tercera edad derivó en que los legisladores del Partido Colorado formalizaran un conjunto de modificaciones a los proyectos de ley que se encontraban a estudio parlamentario.
La iniciativa busca establecer pautas objetivas para que las personas imputadas o condenadas que hayan alcanzado los 70 años de edad puedan cumplir la medida cautelar o la pena impuesta en sus respectivos domicilios, sujetándose a evaluación médica e informe pericial. No obstante, las discrepancias en cuanto a la inclusión de excepciones para determinados delitos graves mantienen en análisis las posiciones de las bancadas del Partido Nacional y Cabildo Abierto.
Prisión domiciliaria para adultos mayores: los matices del proyecto y el reclamo de Bordaberry
El detonante de la aceleración legislativa se produjo luego de que Pedro Bordaberry cuestionara públicamente la falta de concreción en torno a iniciativas que abordan la situación sanitaria y humanitaria de las personas privadas de libertad de mayor edad dentro del sistema penitenciario nacional. A partir de esa postura, la bancada de senadores del Partido Colorado trabajó en una redacción alternativa con el objetivo de destrabar el articulado en la Comisión de Constitución y Legislación.
El planteo colorado introduce precisiones sobre la potestad de los magistrados al momento de dictar la resolución procesal. A diferencia de borradores previos presentados por otros sectores de la coalición, el nuevo texto procura balancear los criterios de automatismo con la discrecionalidad judicial respaldada por peritajes del Instituto Técnico Forense (ITF).
El punto central del debate se enfoca en determinar si el beneficio debe aplicarse de manera preceptiva al alcanzar determinada franja etaria o si el juez de la causa debe valorar de forma obligatoria las condiciones de salud, el riesgo de fuga y la gravedad de la conducta punible antes de autorizar el traslado fuera del establecimiento carcelario.
Las posturas del Partido Nacional y Cabildo Abierto
Dentro del bloque oficialista, las reacciones ante la redacción promovida por los colorados han mostrado diferentes matices técnicos. Cabildo Abierto, promotor original de proyectos referidos a la sustitución de la prisión preventiva para mayores de 65 y 70 años, ha manifestado su disposición a acompañar soluciones que garanticen el cumplimiento efectivo del espíritu de la norma, aunque mantiene reservas en torno a si los ajustes propuestos debilitan o fortalecen el alcance de la ley.
Por su parte, la bancada del Partido Nacional analiza el alcance del texto junto a sus asesores juristas. Varios legisladores blancos señalan la importancia de asegurar que cualquier modificación al Código del Proceso Penal respete el principio de proporcionalidad y no genere vacíos interpretativos que puedan derivar en controversias constitucionales o procesales.
En tanto, desde la bancada del Frente Amplio se ha ratificado una postura contraria a la aprobación de un régimen de automaticidad, argumentando que el marco legal actual ya otorga a los jueces las herramientas necesarias para disponer la prisión domiciliaria por razones de salud grave o edad avanzada mediante la evaluación caso a caso.
Criterios técnicos, excepciones y viabilidad procesal
Uno de los aspectos más complejos en la redacción final de la norma se vincula al listado de delitos excluidos del beneficio. Mientras que algunas corrientes sostienen que no deberían existir excepciones absolutas para atender la dimensión de los derechos humanos en personas ancianas, otros sectores consideran imprescindible excluir expresamente las conductas vinculadas a violaciones graves de los derechos humanos, delitos sexuales, homicidios agravados y crímenes cometidos en el marco de la delincuencia organizada.
Las reuniones de coordinación continuarán en los próximos días para evaluar si el consenso alcanzado dentro de la Coalición permite llevar el asunto al plenario del Senado. La evolución de este acuerdo resultará determinante para establecer si el sistema procesal penal uruguayo adoptará o no un régimen especial sobre la prisión domiciliaria para adultos mayores antes del cierre de la presente legislatura.
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