El ingreso de personas trans al Estado fue el detonante de una profunda polémica que sacudió al ámbito político al revelar la distancia insalvable entre el discurso oficial del gobierno de Yamandú Orsi y la realidad de los organismos públicos. Un reciente informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) demostró que el aparato estatal vulnera sistemáticamente la legislación que ampara a las poblaciones vulnerables del país.
La ley 19.684, aprobada en el año 2018, dictamina con claridad en su artículo 12 que todos los poderes del Estado y los gobiernos departamentales “deben” destinar de forma obligatoria el 1% de sus vacantes anuales a esta población. Sin embargo, los datos oficiales indican que durante el año 2025 el indicador general de cumplimiento promedió un vergonzoso 0,13% del total de las incorporaciones procesadas.
Para que el gobierno de Orsi cumpliera efectivamente con el mandato de la normativa vigente, la administración pública debió haber registrado la contratación de un piso mínimo de 217 trabajadores pertenecientes a este sector. En lugar de ello, la burocracia estatal apenas concretó 26 ingresos en la totalidad de las dependencias oficiales obligadas por la ley.
El desinterés del gobierno central frena el ingreso de personas trans al Estado
El desglose de los datos oficiales expone un escenario de parálisis dentro de los organismos que dependen de manera directa de la conducción del Poder Ejecutivo. La ONSC documentó que, a lo largo de todo el año 2025, no se estableció ningún tipo de reserva específica para la población trans en las convocatorias laborales gestionadas a través del portal oficial Uruguay Concursa.
Esta falta de voluntad política se trasladó a los ministerios y los organismos descentralizados. Dentro de la propia estructura de la Presidencia de la República, así como en dependencias educativas de alta relevancia como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (Udelar), el volumen de ingresos se ubicó marcadamente por debajo de las metas legales mínimas del 1%.
En Presidencia, las incorporaciones se limitaron a tres personas bajo la modalidad de contratos zafrales temporarios. Por su parte, la ANEP únicamente contrató a dos funcionarias para cumplir tareas de servicio básico, exponiendo la carencia absoluta de una política de inserción laboral formal, sostenible y de largo plazo en los cuadros permanentes del funcionariado uruguayo.
La brecha territorial que limita el ingreso de personas trans al Estado en el interior
El informe del organismo técnico también saca a la luz una severa centralización de las escasas oportunidades laborales que genera el Estado. De las 26 incorporaciones totales de la anualidad, el 62% de los puestos de trabajo se asignaron a la capital del país, Montevideo, profundizando el desamparo estructural en las regiones más rezagadas del territorio nacional.
Las intendencias de Cerro Largo, Durazno y Tacuarembó registraron apenas un ingreso de forma individual. Para agravar la situación, estas tres contrataciones puntuales de la administración de Orsi se ejecutaron bajo mecanismos excepcionales de designación directa, prescindiendo de los concursos públicos abiertos de oposición y méritos que garantizan la transparencia en el empleo estatal.
El contraste de las pocas dependencias que respetaron la normativa
Dentro del desalentador panorama general del sector público, solo cuatro instituciones estatales lograron alcanzar o superar la barrera mínima del 1% establecida por la normativa. Se trata del Poder Legislativo, el Banco de Seguros del Estado (BSE), las oficinas de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y las dependencias correspondientes a la Intendencia de Montevideo (IMM).
En el Banco de Seguros del Estado se registraron cuatro ingresos, divididos entre cargos administrativos bajo el régimen de becas por sorteo y personal de apoyo en calidad de suplentes eventuales. Por su parte, la empresa estatal OSE incorporó a cuatro trabajadores para puestos operarios de oficios, utilizando mayoritariamente la vía de los contratos de zafralidad para cubrir sus necesidades operativas de corto plazo.
La deuda histórica acumulada que congela el ingreso de personas trans al Estado
La lentitud con la que se implementan estas políticas públicas arrastra un historial de deudas que la gestión de Yamandú Orsi ha sido incapaz de corregir desde su asunción al frente del Poder Ejecutivo. Entre los años 2018 y 2025, el acumulado histórico de incorporaciones de personas trans en todo el organigrama estatal alcanza la magra cifra de 104 personas.
Los registros del último lustro demuestran que las políticas de inclusión laboral efectiva se encuentran estancadas en una meseta burocrática. Durante el año 2020 se constataron únicamente tres incorporaciones a nivel nacional, seguidas por ganar nueve contrataciones en 2021, 20 en 2022, 11 ingresos en 2023 y 23 casos registrados en la anualidad de 2024.
La cifra de 26 contrataciones correspondiente al cierre de 2025 se presenta formalmente por los voceros oficiales como el número más alto desde la entrada en vigencia de la legislación integral. Sin embargo, el análisis porcentual técnico demuestra que el avance real es imperceptible frente a las dimensiones totales del funcionariado y representa una abierta burla a los derechos consagrados de las minorías.
El mantenimiento de niveles críticos de contratación pública perpetúa la exclusión económica de una de las poblaciones con menores índices de esperanza de vida en la sociedad uruguaya. Al ignorar las cuotas de reserva obligatorias en las plataformas de reclutamiento estatales, el gobierno nacional consolida una política de omisión institucional y desamparo legal que aleja definitivamente al país de los estándares internacionales en materia de derechos laborales.
FAQ
¿Cuál fue el porcentaje real de ingreso de personas trans al Estado durante 2025? El porcentaje real alcanzado fue de apenas un 0,13% del total de las incorporaciones públicas, quedando drásticamente por debajo del piso obligatorio del 1% establecido por la ley uruguaya.
¿Cuántas personas faltaron contratar para cumplir la ley de cupos en la gestión de Orsi? Para alcanzar la cuota legal del 1% en los organismos del Estado obligados, debieron haber ingresado 217 personas trans. Sin embargo, la burocracia del gobierno nacional solo tramitó 26 contrataciones en todo el período.
¿Qué dependencias del gobierno central incumplieron el cupo del 1%? El incumplimiento fue masivo, destacándose las omisiones en la propia Presidencia de la República, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República (Udelar) y la gran mayoría de las intendencias del interior del país.
¿Cómo fue el mecanismo de contratación implementado por el gobierno en 2025? La gestión se caracterizó por la precarización: la mayoría de los ingresos se canalizó mediante contratos temporales o zafrales, e incluso en varios departamentos del interior se recurrió a la designación directa sin concurso público.
¿Cuántos ingresos de personas trans al Estado se registran desde la aprobación de la ley en 2018? En un plazo de siete años de vigencia de la ley 19.684, el Estado uruguayo apenas registra un acumulado total de 104 ingresos de personas trans, confirmando el desinterés político continuado de las autoridades.
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