El gobierno nacional presentó este viernes un proyecto de ley interpretativo de la Constitución con el objetivo de equiparar los derechos de los ciudadanos legales de Uruguay —nacidos en el exterior— con los de las personas nacidas en el territorio nacional, quienes poseen la condición de ciudadanos naturales.
La iniciativa fue dada a conocer en conferencia de prensa por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien detalló los alcances de la medida y señaló que para su redacción se consultó previamente a destacados constitucionalistas de la plaza local, como Rúben Correa Freitas y Martín Risso.
El alcance de la norma y el problema de fondo
La normativa propuesta busca resolver una distinción jurídica histórica por la cual los extranjeros que obtienen la carta de ciudadanía uruguaya acceden a los derechos cívicos, pero no adquieren formalmente la nacionalidad uruguaya. Según explicó Díaz, la iniciativa pretende solucionar «un problema real que tienen un conjunto de compatriotas que tienen la ciudadanía legal y no la nacionalidad».
Consultado sobre las derivaciones prácticas que esta modificación podría tener en la emisión de documentos de viaje, especialmente ante los antecedentes polémicos generados en el pasado tras la supresión del lugar de nacimiento en los pasaportes, el jerarca fue categórico al aclarar que el texto no aborda esa materia. «La ley no habla de pasaportes, interpreta la Constitución y establece que son nacionales uruguayos los naturales y los legales», puntualizó.
Antecedentes y el debate constitucional en Uruguay
La discusión en torno a la diferencia entre ciudadanía natural y legal en la estructura jurídica uruguaya ha motivado diversos debates académicos y legislativos a lo largo de las décadas. Mientras que la Constitución de la República establece con claridad los contornos de ambas categorías, los sectores que impulsan este tipo de iniciativas argumentan la necesidad de actualizar la interpretación normativa para dar respuesta a demandas de integración plena de residentes extranjeros arraigados en el país.
A nivel regional, la normativa sobre nacionalidad y naturalización varía sustancialmente entre los países del Cono Sur, siendo Uruguay un caso particular donde la distinción entre nacionalidad y ciudadanía ha permanecido estrictamente ligada al jus soli y a las previsiones de su carta magna de 1830 y sus sucesivas reformas.
Voces oficiales y expectativa política
Desde el Poder Ejecutivo se remarcó que la iniciativa no responde a intereses partidarios, sino a una cuestión de equidad institucional. Díaz expresó su confianza en que la propuesta logre el consenso necesario en el Poder Legislativo para su aprobación definitiva.
«Esto intenta solucionar un problema que no tiene color político, es un tema de estricta justicia», afirmó el prosecretario de Presidencia, al tiempo que manifestó su convencimiento de que los distintos partidos políticos representados en el Parlamento acompañarán la búsqueda de una solución normativa para este colectivo.
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