El gobierno uruguayo, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, presentó oficialmente un acuerdo con la empresa española Solaria Energía y Medio Ambiente para la puesta en marcha de un ambicioso parque tecnológico de centros de datos y generación fotovoltaica. El proyecto, anunciado el miércoles 14 de octubre de 2026, contempla una inversión total proyectada de 5.700 millones de dólares, cifra que lo posiciona como uno de los emprendimientos privados de mayor envergadura económica en la historia del país.
De acuerdo con los datos brindados por las autoridades nacionales y analizados en un informe del canal de YouTube del periodista Gonzalo Sualina, la iniciativa contempla dos componentes centrales: una partida de 5.500 millones de dólares destinada a la construcción y equipamiento de los centros de datos con una capacidad proyectada de 500 megavatios (MW), y otros 200 millones de dólares dirigidos a la instalación de plantas de generación solar con una potencia de 350 MW. Las infraestructuras se proyectan para su distribución entre los departamentos de Canelones, San José y Florida, operando bajo el régimen legal de zona franca. A su vez, las proyecciones oficiales estiman la creación de 3.100 puestos de trabajo durante la fase de construcción y unos 1.500 empleos permanentes una vez operativas las instalaciones.
Los antecedentes del grupo empresarial en el mercado español
Más allá del impacto de las cifras presentadas en Torre Ejecutiva, la llegada de Solaria al escenario local reabrió el debate sobre el examen previo de los antecedentes corporativos en contrataciones de gran escala. En el ámbito internacional, particularmente en España, la firma energética ha enfrentado diversos reclamos judiciales y administrativos que fueron documentados por investigaciones periodísticas y resoluciones de organismos públicos.
Entre las controversias registradas se encuentra un litigio penal iniciado en enero de 2024 por la empresa contratista Ismar Energy System en los juzgados de Guadalajara, España. La querella apuntaba al presidente de Solaria, Enrique Díaz-Tejeiro, y a otros directivos de la compañía, señalando presuntas irregularidades vinculadas a estafa, fraude de ley, falsedad documental y desacuerdos por pagos pendientes en el parque fotovoltaico Telestosolar 4, perteneciente al complejo Budia Norte. En aquel momento, la contratista también denunció inconsistencias en la obtención previa de las declaraciones de impacto ambiental. Al ser consultada por el medio español Merca2 sobre esta acción judicial, la firma optó por no realizar comentarios tras la presentación de la documentación correspondiente.
A este expediente se sumó en febrero de 2024 la conformación de una plataforma de afectados integrada por 15 empresas contratistas y subcontratistas en España. Este colectivo agrupó reclamos conjuntos por montos superiores a los 60 millones de euros en el marco de proyectos que superaban los 700 MW de potencia, aduciendo modificaciones contractuales unilaterales y dificultades en la liquidación de haberes a través de las distintas filiales de la sociedad matriz.
Tensiones ambientales y resoluciones administrativas en Europa
El desempeño de la compañía en territorio español también ha registrado episodios de tensión con organizaciones agrarias y administraciones territoriales debido al uso de suelo productivo para la instalación de infraestructuras energéticas de gran escala. En la provincia de Álava, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA) encabezó movilizaciones y presentó miles de alegaciones en rechazo a la ocupación de terrenos agropecuarios y a la eventual fragmentación de proyectos para la tramitación de permisos ambientales.
Esta situación alcanzó un hito institucional en julio de 2026, cuando el Gobierno Vasco resolvió denegar las autorizaciones administrativas previas y archivar los expedientes de 19 proyectos fotovoltaicos promovidos por el grupo Solaria en Álava, los cuales sumaban aproximadamente 920 MW de potencia proyectada. La resolución oficial se fundamentó en la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Ante esta medida, la empresa interpuso recursos administrativos al cuestionar los plazos y la falta de resolución previa por parte de los organismos del Estado vasco.
A pesar de estos diferendos operativos y legales, el grupo ostenta una escala económica significativa en el mercado europeo. En los primeros nueve meses de 2023, la compañía reportó ganancias por 86,4 millones de euros e ingresos cercanos a los 172,4 millones, además de suscribir en ese mismo período un acuerdo marco de financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por hasta 1.700 millones de euros.
El rol de UTE y la dinámica del suministro energético local
La concreción del megaproyecto en suelo uruguayo abre un capítulo técnico relevante en relación con el esquema de abastecimiento eléctrico y la participación de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE). La combinación entre una demanda proyectada de 500 MW para los centros de datos y una capacidad de generación propia de 350 MW requiere precisar cómo se gestionará la intermitencia de la fuente solar —inactiva durante las horas nocturnas y sujeta a variaciones meteorológicas— frente a la exigencia de flujo continuo que demandan las instalaciones informáticas.
En el ámbito político y legislativo surgieron cuestionamientos sobre el formato de contratación comercial. El diputado Gustavo Salle señaló la necesidad de transparentar las condiciones en las que UTE oficiará como intermediaria entre la energía generada por los paneles solares y el consumo efectivo de los centros de datos, advirtiendo sobre la duración de los compromisos a 20 años —con posibilidad de prórroga— y la asignación de costos vinculados a la infraestructura de red, líneas de transmisión y subestaciones.
Asimismo, las discusiones abarcan el régimen de exenciones fiscales otorgado a través del sistema de zona franca, en momentos donde el equipo económico analiza los equilibrios presupuestarios y la carga tributaria del país.
Garantías operativas y fiscalización de los compromisos asumidos
La magnitud de las cifras anunciadas exige un seguimiento riguroso de las etapas de ejecución contractual, la estructuración de la financiación y las garantías exigidas por el Estado uruguayo para mitigar eventuales contingencias operativas o financieras.
Las autoridades nacionales deberán determinar en los próximos meses los plazos definitivos de construcción, los estudios de impacto ambiental específicos para Canelones, San José y Florida, y la letra chica de los acuerdos con las empresas públicas involucradas. La fiscalización continua de los compromisos asumidos resultará clave para evaluar el impacto real del proyecto en la matriz productiva y laboral del Uruguay.
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