Un grupo de legisladores oficialistas de la Coalición Republicana, pertenecientes al Partido Nacional y al Partido Colorado, presentó una propuesta de aditivo a la Rendición de Cuentas con el objetivo de modificar el régimen de la Pensión Especial Reparatoria (PER).
La iniciativa busca que dicho beneficio económico, destinado a personas privadas de libertad durante la última dictadura cívico-militar, tenga carácter estrictamente personal y se extinga con el fallecimiento del titular, suprimiendo la pensión de sobrevivencia para cónyuges, concubinos o hijos.
El senador nacionalista Sebastián da Silva, principal impulsor de la medida, reconoció públicamente que la propuesta es jurídicamente inviable en términos de aprobación parlamentaria, pero defendió su motivación ideológica al sostener que «las pensiones tienen que ser todas iguales».
Por su parte, la asociación de ex presos políticos Crysol repudió duramente la iniciativa a través de un comunicado oficial. La organización calificó la propuesta como una «miserable operación política» orientada a «satanizar» a los exdetenidos y presentarlos ante la opinión pública como sectores privilegiados.
4. Contexto regional o comparativo
El debate en torno a la reparación económica a víctimas de terrorismo de estado y dictaduras militares es una constante en América Latina. Mientras países como Argentina, Chile y Uruguay han implementado diversas leyes resarcitorias para reparar los daños institucionales y personales sufridos durante los regímenes de facto del Cono Sur, las tensiones políticas sobre el alcance financiero, la heredabilidad y la legitimidad de estas prestaciones continúan generando intensas disputas ideológicas y parlamentarias en la región.
5. Declaraciones oficiales o fuentes verificables
El senador Sebastián da Silva admitió a la diaria que la iniciativa carece de viabilidad legislativa, pero insistió en su fundamento ideológico: “Las pensiones tienen que ser todas iguales”. Asimismo, el legislador aludió a la existencia de pensiones heredables vinculadas a decretos previos, argumento refutado por el marco normativo vigente. En la vereda opuesta, la asociación Crysol sentenció mediante un comunicado que la propuesta oficialista busca “satanizar a las y a los ex presos políticos”, remarcando que la medida “está políticamente condenada al fracaso” y carece de sustento jurídico válido.
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