Pequeño J: el narco peruano que ordenó el asesinato de tres jóvenes argentinas
Este miércoles, la Villa Zavaleta se llenó de policías bonaerenses con una misión precisa: capturar a Pequeño J, el supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, mutilación y ejecución de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20). Las tres jóvenes argentinas fueron engañadas con una falsa invitación a una fiesta. Subieron a una camioneta blanca con patente adulterada. Nunca regresaron.
Sus cuerpos aparecieron enterrados en una casa de Florencio Varela, en lo que se investiga como un narcofemicidio premeditado. La hipótesis más escalofriante: el crimen fue transmitido en vivo por redes sociales, como advertencia interna a otros miembros del circuito narco.
El perfil de Pequeño J: joven, sanguinario y sin rastro
Pequeño J, también conocido como “Julito”, fue identificado como Julio Valverde o Julio Noguera, de nacionalidad peruana y 23 años. No tiene DNI registrado, pero sí una orden de captura activa. Las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desconocían su actividad en Villa Zavaleta y Villa 1-11-14, lo que refuerza la idea de que opera en el sur del conurbano bonaerense, lejos del radar habitual.
Fuentes judiciales lo describen como “sanguinario”, aunque no brindaron detalles. Lo que sí se sabe es que habría contratado sicarios para ejecutar el crimen, tras el supuesto robo de dinero y cocaína por parte de las víctimas. El asesinato fue planeado como castigo y mensaje.
El operativo: dos objetivos, cero capturas
La policía bonaerense se dirigió a dos puntos clave: una parrilla y un departamento en el tercer piso. Según fuentes del caso, Pequeño J habría estado allí minutos antes de la llegada de los efectivos. La hoja de ruta incluía su nombre y el de otro sospechoso: M.A.O. No hubo capturas. Solo indicios de que el líder narco sigue prófugo.
¿Quién investiga el triple crimen?
La causa está en manos del fiscal Gastón Duplaá, quien solicitó colaboración a la PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias) y a la fiscal Cecilia Amil, especializada en delitos vinculados a estupefacientes. Hasta ahora, no hay expedientes que vinculen directamente a los cuatro detenidos en Florencio Varela con el crimen, aunque uno sería familiar de Pequeño J.
También se investiga una posible conexión con el clan “Los Cabral”, golpeado por la Policía de la Ciudad en julio. Sin embargo, este grupo está integrado por argentinos, lo que complica la hipótesis. El foco sigue puesto en los grupos narcos peruanos, que operan en zonas como Barracas y Bajo Flores, aunque no se descarta que Florencio Varela haya sido una base logística.
El dolor de las familias
La hermana mayor de Lara Gutiérrez publicó una despedida desgarradora en redes sociales: “Me dejaste sola hermana. Me vas a doler toda la vida”. El abuelo de Brenda y Morena pidió que la causa pase al fuero federal: “Hay cosas que no me cierran. La justicia tiene que ser para las tres”.
No hubo contención institucional. Nadie llamó a las familias. Solo silencio. Mientras tanto, el narco que ordenó el crimen sigue libre.
El narcofemicidio como mensaje territorial
Lo que ocurrió con Lara, Brenda y Morena no fue solo un crimen. Fue un narcofemicidio con mensaje territorial, una forma de marcar poder en zonas donde el Estado llega tarde o no llega. Cuando un líder narco como Pequeño J ordena una ejecución múltiple, la intención no es solo castigar: es demostrar dominio, sembrar miedo y consolidar reputación dentro del circuito criminal.
Vos como lector tenés que entender que este tipo de crímenes no se explican solo desde lo policial. Hay una lógica de espectáculo, de transmisión en vivo, de ritual mafioso. El hecho de que el asesinato haya sido compartido en redes sociales en un grupo cerrado no es casual. Es parte de una estrategia de control simbólico: mostrar que quien desafía al narco, muere. Y que quien obedece, sobrevive.
Este tipo de violencia no responde a impulsos. Responde a estructuras. A clanes. A redes de complicidad que van desde el territorio hasta los sistemas judiciales. Por eso, el caso de Pequeño J no puede tratarse como un hecho aislado. Es un síntoma de algo más profundo: la consolidación de organizaciones criminales que operan con lógica paramilitar en el conurbano argentino.
Mientras las fuerzas federales se replegaron, y la Policía de la Ciudad intenta mapear lo que ocurre en villas como Zavaleta o 1-11-14, hay grupos que se reorganizan, reclutan, y ejecutan. Y lo hacen con una frialdad que espanta. Como en este caso, donde tres jóvenes argentinas fueron enterradas como si fueran mercancía descartada.
¿Creés que el Estado está preparado para enfrentar organizaciones criminales que transmiten sus asesinatos en vivo?
