La discusión por el acceso del Casmu al Fondo de Garantías por US$ 122 millones llegó a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no cuenta con los números asegurados y la oposición hace valer su mayoría para imponer modificaciones sustanciales al proyecto aprobado previamente en el Senado.
Durante la comparecencia de los ministros de Economía, Gabriel Oddone, y de Salud Pública, Cristina Lustemberg, legisladores de la oposición ratificaron su rechazo frontal al artículo 3 de la iniciativa, el cual otorga al Poder Ejecutivo la potestad de objetar la designación de autoridades y gerentes de las mutualistas.
Asimismo, sobre la mesa se plantearon dos exigencias adicionales: que los médicos capitalizadores aporten una cuota mensual para sostener el fondo y que se excluya el uso de recursos públicos para refinanciar deudas contraídas con prestamistas particulares ajenos al sistema financiero formal.
De acuerdo con el cronograma previsto, el articulado se votará este próximo martes en el ámbito de comisión para luego ser derivado al plenario de la cámara baja, donde se definirán los cambios que obligarán a devolver el texto al Senado.
Contexto regional o comparativo
La intervención estatal y el rescate financiero de prestadores de salud en crisis constituyen un dilema recurrente en los sistemas sanitarios de América Latina. En varios países de la región, los desequilibrios económicos de las grandes instituciones médicas de asistencia colectiva obligan frecuentemente a los gobiernos a implementar complejos mecanismos de salvataje financiero, desatando agudas disputas parlamentarias sobre el uso de recursos públicos, el control de la gestión privada y las responsabilidades de los dueños o socios de las entidades sanitarias.
Declaraciones oficiales o fuentes verificables
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, defendió las potestades de control del Estado ante la comisión parlamentaria argumentando que se trata de prevenir riesgos sistémicos: “Dentro de la gestión de este tipo de entidades hay un uso de recursos públicos” y justificó que el Ejecutivo exija requisitos de idoneidad comparables a los que aplica el Banco Central en el sistema financiero. En la vereda enfrente, el diputado nacionalista Federico Casaretto sentenció: “Respecto al artículo 3º, como se ha dicho aquí, es invotable. Creo que ese artículo no va a salir, no se va a votar en la Cámara de Diputados”. A su vez, la diputada colorada Nibia Reisch reclamó que “cada médico, en forma mensual, ponga su cuota de US$ 57”, mientras que el legislador blanco José Luis Satdjian advirtió sobre la inconveniencia de destinar fondos a prestamistas no bancarios.
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