El crecimiento de las agroexportaciones peruanas y su impacto en la economía
Las agroexportaciones de Perú han experimentado una expansión significativa desde el año 2000, pasando de US$ 642 millones a US$ 14,529 millones en 2025. Este crecimiento ha sido acompañado por una diversificación en los productos exportados, que ahora superan los 610, y una apertura a más de 140 destinos alrededor del mundo. Actualmente, más de 2,790 empresas están involucradas en esta actividad, lo que representa una transformación productiva que pocos sectores de la economía peruana pueden igualar.
Factores clave en la transformación productiva del sector agrícola
Detrás de estas cifras no solo se encuentra el comercio exterior, sino también importantes proyectos de infraestructura agrícola. Destacan las obras de irrigación como el proyecto Olmos, con capacidad para regar 43.500 hectáreas, y Chavimochic, que ya irrigó más de 15.000 hectáreas. Estas inversiones han permitido convertir zonas tradicionalmente áridas en territorios productivos. La inversión privada ha aportado tecnología, infraestructura de procesamiento y cadenas logísticas que han fortalecido la competitividad internacional de los productos peruanos.
En el primer semestre de 2026, las agroexportaciones alcanzaron los USD 5.642 millones, incrementándose un 3,6% respecto a igual periodo del año anterior, según datos del Midagri. Este crecimiento no solo refleja mayores volúmenes y diversificación de productos, sino también un impacto positivo en el empleo formal del sector.
Incremento en empleo y desafíos en la política económica
El crecimiento del sector agrícola ha tenido un efecto directo en el empleo formal. Según el Banco Central de Reserva del Perú, los puestos de trabajo en el sector aumentaron de 218,000 en 2011 a 579,000 en 2025, un incremento del 165%. Entre enero y julio de 2026, se registraron 584,000 puestos formalmente ocupados. Esto evidencia que el desarrollo agrícola trasciende las exportaciones, generando oportunidades laborales, mejoras en los ingresos familiares y avances en el desarrollo regional.
Sin embargo, esta expansión ha estado respaldada por una política de apertura comercial, inversión en infraestructura y un marco regulatorio favorable. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) actualmente evalúa un proyecto de ley que propone excluir a las grandes empresas de los beneficios del régimen agrario, argumentando que su focalización y costo fiscal son excesivos. Se estima que estos beneficios para las empresas de mayores ingresos podrían representar S/ 861 millones en 2027.
Debate sobre incentivos, formalización y acceso a productores pequeños
El análisis del MEF reconoce la importancia de evaluar los incentivos tributarios, pero también advierte sobre las posibles consecuencias de restringirlos, como un impacto negativo en la inversión, empleo formal y la competitividad futura. Surge así una pregunta clave: ¿por qué limitar estos beneficios en lugar de crear condiciones que permitan a más productores acceder a ellos?
La agricultura peruana continúa enfrentando profundas brechas estructurales. Solo uno de cada diez productores tiene acceso a crédito agrario, y existen deficiencias en infraestructura hídrica, asistencia técnica, formalización y acceso sanitario. Estas barreras dificultan su integración a las cadenas exportadoras. Por ello, la prioridad debe estar en ampliar y fortalecer la base productiva formal y exportadora, destrabando irrigaciones, facilitando financiamiento y promoviendo la articulación entre pequeños productores y empresas de mayor escala.
Las grandes empresas no deben ser vistas como adversarias de los pequeños productores, sino como potenciales aliadas mediante cadenas de suministro, transferencia tecnológica y acceso a mercados internacionales. Limitar su crecimiento no necesariamente trae mayores oportunidades para los productores pequeños. Al contrario, fortalecer el sector empresarial puede facilitar la inclusión de más productores en la economía formal y exportadora.
Finalmente, es fundamental reconocer que cuando el Estado no logra extender los beneficios del desarrollo a todos los productores, puede generar condiciones que cuestionen la misma base del crecimiento logrado. Por ello, el esfuerzo debe centrarse en mantener y ampliar las condiciones que favorecen la inversión y la formalidad, sin desmontar lo que ha funcionado, sino mejorándolo para que beneficie a una mayor cantidad de productores.





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