La calma del exclusivo barrio donde Daniela Cabral cumple prisión domiciliaria en Punta del Este contrasta con el ritmo frenético que tomó su expediente en los juzgados de Montevideo. En las oficinas judiciales no se habla de otra cosa que del último informe presentado por el síndico Alfredo Ciavattone. El documento, un mapeo preciso de la debacle financiera de la firma, dejó al descubierto una maniobra que descolocó a los investigadores: el vaciamiento quirúrgico de una cuenta bancaria con más de siete cifras en apenas un mes.
Mientras los productores estafados siguen esperando respuestas en los escritorios rurales de Florida, Durazno y San José, los registros contables revelaron que los fondos se esfumaron justo antes de que el calendario marcara el cierre de 2024.
Treinta días para desaparecer una fortuna
El rastreo de los activos de la viuda de Gustavo Basso, el fallecido creador de Conexión Ganadera, arrojó un dato que complica su estrategia de defensa. Cabral compartía la titularidad de una cuenta corriente en el Scotiabank. Si bien el saldo actual en pesos muestra unos discretos 193.607, la caja en dólares sufrió una sangría total. Registraba un millón cincuenta y tres mil cuatrocientos dieciséis dólares, pero el 31 de diciembre de 2024 el casillero quedó completamente vacío.
Ciavattone no tardó en mover su estructura y exigir formalmente una rendición de cuentas documentada. La Justicia quiere saber qué ventanilla pisó ese dinero, qué manos lo recibieron y bajo qué concepto se justificó la salida de semejante caudal en pleno proceso de colapso institucional. La sospecha de un ocultamiento deliberado de bienes para evitar el embargo de los acreedores cobró fuerza de inmediato entre los abogados denunciantes.
En las pulperías del interior y en las oficinas donde se cierran los negocios de consignación ganadera, el nombre de la empresa pasó de ser sinónimo de confianza a transformarse en una advertencia sobre los riesgos de la inversión especulativa en el campo uruguayo.
La caída de Don Coraje y el fantasma de la cárcel común
La investigación penal que lidera el fiscal Enrique Rodríguez avanzó sobre el entramado civil que Cabral utilizaba para operar. La firma Don Coraje, una marca que funcionaba como tomadora de ganado para los esquemas de Conexión Ganadera, quedó bajo la lupa. El documento judicial aclaró que no se trataba de una sociedad anónima blindada de manera independiente, sino que era una extensión directa de la actividad comercial personal de Cabral. Con el concurso de esa firma ya clausurado, las deudas se le imputan de forma directa a ella en su patrimonio personal.
El listado de damnificados que hicieron fila para reclamar sus ahorros incluye a más de una docena de firmas comerciales y particulares. Las cifras del desfalco asustan a cualquier analista contable, con deudas individuales verificadas que escalan desde los 10 millones hasta los 63 millones de pesos.
El escenario judicial para la imputada promete endurecerse antes de las vacaciones de julio. El fiscal Rodríguez solicitó un informe clave al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para cruzar los datos de las guías de tránsito de Don Coraje y verificar si existieron movimientos simulados de ganado. Con estas pruebas sobre la mesa, la Fiscalía presentará un pedido de ampliación de la formalización para sumar el delito de lavado de activos. De otorgarse, Cabral perdería el beneficio de la prisión domiciliaria en Maldonado y terminaría en un centro de reclusión junto a sus socios Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.
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