La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, ha lanzado una alerta sobre el impacto que el conflicto armado está teniendo en los niños, niñas y adolescentes en diversas regiones del país. Particularmente, se ha destacado la situación en el litoral Pacífico, donde algunos jóvenes estarían recurriendo a las autolesiones como una forma de intentar evitar el reclutamiento forzado por parte de grupos armados.
Riesgos durante operaciones militares
Según reportes, Marín también ha expresado su preocupación por el riesgo que enfrentan los menores de edad durante operaciones militares en regiones como Catatumbo, Cauca y Guaviare. Advirtió que la presencia de menores en campamentos o áreas controladas por organizaciones armadas puede ser previsible.
La defensora ha solicitado al Gobierno adoptar mayores medidas de precaución para evitar que la muerte de estos menores se convierta en una consecuencia habitual de los bombardeos contra estructuras ilegales. “El Estado debe tomar medidas de precaución para evitar que siga siendo común la muerte de menores de edad y debe evaluar hasta qué punto estos operativos de bombardeos realmente son la mejor forma de enfrentar estos grupos”, afirmó Marín.
Reclutamiento como crimen de guerra
Marín recordó que los niños y adolescentes continúan siendo víctimas del conflicto incluso después de haber sido reclutados. Señaló al frente 33 y al ELN como estructuras responsables de estas prácticas y reiteró que la incorporación de menores de edad a las filas de grupos armados constituye un crimen de guerra.
La Defensoría ha insistido en que la responsabilidad por el reclutamiento recae sobre las organizaciones que vinculan a menores. Sin embargo, también pidió a las autoridades que evalúen los riesgos de determinadas operaciones militares cuando se conoce o se presume la presencia de menores en los objetivos.
Desafíos en el litoral Pacífico
El segundo foco de alerta se refiere a la salud mental de los jóvenes en el litoral Pacífico. Según la Defensoría, en estas comunidades hay preocupación por casos de suicidio, intentos de suicidio y otras afectaciones emocionales relacionadas con factores sociales y de violencia.
La violencia de género, el racismo estructural y la exposición constante a grupos armados son algunas de las situaciones que agravan el miedo de los jóvenes a ser reclutados. La entidad indicó que algunos niños y adolescentes estarían recurriendo a autolesiones para disminuir la posibilidad de ser incorporados por organizaciones ilegales.
Desplazamientos preventivos y consecuencias sociales
Esta situación está llevando a algunos a desplazarse de manera preventiva. Marín explicó que algunas familias están optando por sacar a sus hijos de sus territorios para protegerlos, mientras que jóvenes de hasta 28 años también estarían abandonando sus hogares por temor a ser involucrados en el conflicto.
Como consecuencia, se está observando una salida progresiva de población joven de estas comunidades, lo que afecta tanto la vida familiar como las posibilidades de permanencia y desarrollo en esos territorios. La defensora advirtió que estos escenarios están alterando los proyectos de vida de jóvenes y familias que deben elegir entre permanecer expuestos a la violencia o abandonar sus comunidades.
Por ello, la entidad solicitó mayor acompañamiento institucional, atención en salud mental y estrategias efectivas de prevención del reclutamiento, con especial énfasis en las regiones donde los grupos armados mantienen una presencia relevante. La Defensoría enfatizó que la protección debe evitar que los menores tengan que recurrir a las autolesiones o al desplazamiento como única solución para eludir el reclutamiento.
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