Fideicomiso de Doe Run en incertidumbre tras solicitud de extinción
La liberación de los últimos 19,41 millones de dólares de Doe Run, bajo la custodia de un fideicomiso administrado por Scotiabank, se encuentra en un estado de indefinición tras la petición del liquidador Marco Chávez Magán de dar por terminado el contrato y liberar los fondos.
Este trámite ha generado preocupación en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que ha expresado su inquietud por el proceso, aunque sin tomar partido explícito en la disputa. La situación ocurre en medio de distintas gestiones y reclamaciones relacionadas con la liquidación de la empresa.
Contexto de la liquidación y reclamos de acreedores
Doe Run Perú fue responsable del Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza, y mantiene en marcha desde 2010 uno de los procesos concursales más prolongados y emblemáticos del país. La liquidación ha enfrentado a aproximadamente 3.500 extrabajadores que esperan recibir el pago de sus acreencias laborales por servicios prestados antes del inicio del proceso.
Además, existen deudas por servicios prestados durante la liquidación, como la reclamación de Depósitos Químicos Mineros (DQM) por una deuda de 14,54 millones de dólares por almacenamiento de ácido sulfúrico, amparada en un laudo arbitral. DQM sostiene que antes de liberar los fondos del fideicomiso, es necesario aclarar los gastos observados durante la gestión de la anterior liquidadora, Consultores A-1.
Implicaciones y cambios en la administración del proceso
Consultores A-1 asumió el cargo en enero de 2022 tras la cancelación del registro de Alta Sierra Asesores y Consultores por parte de Indecopi. Durante su gestión, realizó la venta de la Unidad Minera Cobriza y la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya a favor de los trabajadores. Sin embargo, aún restaba liberar los USD 19,41 millones.
Para ello, se requería que el liquidador, el MINEM y la Junta de Acreedores coordinaran el envío de una comunicación a Scotiabank. No obstante, cuando estas gestiones estaban en curso, la falta de aprobación del convenio de liquidación provocó la salida de Consultores A-1 del proceso, dejando los fondos en espera nuevamente.
El rol de Marco Chávez Magán y la posición de DQM
Posteriormente, Indecopi designó a Alva Legal, pero Chávez Magán impugnó esa decisión y logró, ante la Sala Especializada en Procedimientos Concursales, que asumiera nuevamente la administración del proceso. A diferencia de su predecesora, Chávez no necesita un nuevo convenio de liquidación aprobado para seguir gestionando, lo que le otorga mayor autonomía para continuar con la liberación de los recursos, en caso de que todo proceda como se espera.
Por otro lado, DQM ha solicitado que el MINEM y la Junta de Acreedores coordinen una auditoría sobre la gestión de la anterior liquidadora, argumentando que los fondos no deben liberarse sin aclarar ciertos gastos observados. La empresa también reclama el pago de USD 14,54 millones por servicios de almacenamiento, basándose en un laudo arbitral, y sostiene que su pedido no pretende afectar las prioridades laborales, sino garantizar la transparencia en el destino de los fondos.
El MINEM, en respuesta, ha manifestado su preocupación por estas comunicaciones y ha transmitido la información a las instituciones correspondientes, dejando en manos de la Junta de Acreedores y la autoridad financiera la resolución de estos temas. DQM ha dejado abierta la posibilidad de recurrir al CIADI si la controversia no se resuelve de manera interna.
La entidad noruega también ha solicitado que no se ejecute el fideicomiso hasta que se haya llevado a cabo una auditoría exhaustiva que esclarezca los gastos observados y el alcance del laudo arbitral, para evitar perjuicios en las acreencias laborales y garantizar una gestión transparente de los fondos.
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