La propuesta para enviar a los militares en las calles de Perú y a los vehículos del sistema de transporte masivo permanece en etapa de definición estratégica. El titular de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, precisó este sábado 8 de agosto de 2026 que la medida anunciada por la mandataria Keiko Fujimori no cuenta todavía con un cronograma formal de ejecución debido a la necesidad de tramitar facultades delegadas ante el Parlamento.
Durante una intervención pública, el funcionario explicó que el Ejecutivo prepara un conjunto de decretos legislativos destinados a otorgar el marco jurídico indispensable para que los efectivos castrenses intervengan en el control del orden interno de manera coordinada con las fuerzas de orden público.
La iniciativa gubernamental surge como respuesta a la creciente ola de robos, extorsiones y agresiones contra conductores y usuarios de autobuses en Lima, el Callao y diversas regiones del país sudamericano. No obstante, la autoridad enfatizó que cualquier acción en las vías urbanas debe alinearse rigurosamente con los mandatos constitucionales vigentes.
Belaunde argumentó que el procedimiento requiere la aprobación parlamentaria para garantizar la cobertura legal de las patrullas mixtas que operarán en los sectores urbanos de mayor vulnerabilidad.
Las exigencias legales para el despliegue de militares en las calles de Perú
El plan diseñado por el Gabinete contempla un esquema de trabajo conjunto entre el sector Defensa y el Ministerio del Interior. La premisa operativa establece la creación de un dispositivo de seguridad integrado por miembros de las fuerzas armadas junto a la Policía Nacional.
«Este es un trabajo que se va a hacer en coordinación con el Ministerio del Interior. Va a ser una fuerza en ese sentido combinada entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú», detalló el representante gubernamental al referirse a la articulación táctica entre ambas instituciones.
El objetivo de este contingente integrado es patrullar puntos críticos de las arterias viales, estaciones y paraderos para disuadir la comisión de delitos. La participación de los soldados no reemplazará la labor de los efectivos policiales, sino que funcionará como un mecanismo de refuerzo operacional en las tareas de vigilancia de proximidad.
Respecto a la capacidad de cobertura en áreas de alta densidad poblacional como la capital, la autoridad evitó dar cifras de personal disponible, pero reafirmó que los batallones asignados asumirán un papel protagónico dentro del plan diseñado por la administración.
El marco constitucional y la primacía de la Policía Nacional
Durante las declaraciones ofrecidas desde las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el titular del área remarcó que el mando operativo en la lucha contra el crimen ordinario en suelo incaico corresponde a la institución policial por mandato de la Carta Magna.
En ese sentido, el personal castrense intervendrá en calidad de apoyo complementario, aportando capacidad logística, presencia disuasiva y tropas para la cobertura de perímetros complejos que hoy sobrepasan la capacidad de respuesta de las comisarías locales.
«Las Fuerzas Armadas van a adquirir un rol preponderante, protagónico en la seguridad interna, pero en apoyo a la Policía Nacional del Perú, que es quien tiene el mandato constitucional para eso», declaró la autoridad al fijar la postura oficial sobre la distribución de competencias.
El paquete normativo en preparación buscará delimitar el uso de la fuerza y las atribuciones de los uniformados cuando realicen labores de inspección preventiva en las rutas de unidades públicas, evitando vacíos legales que obstaculicen la contención contra las organizaciones criminales.
Prevención ante desastres naturales y atención de emergencias
Además de abordar los avances en materia de seguridad ciudadana, el titular de la cartera brindó un balance sobre las acciones desarrolladas por las brigadas de emergencia frente a desastres ambientales y climáticos.
Desde la sede del COEN, el funcionario reportó la movilización de recursos para atender el incendio forestal activo en el distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, dentro de la región Lambayeque, donde personal del Ejército y equipos especializados trabajan en la contención de las llamas.
Asimismo, Belaunde informó que el sector avanza en la preparación logística frente a la eventual llegada del Fenómeno El Niño. Las autoridades identificaron 569 puntos críticos a nivel nacional, sobre los cuales se priorizan obras de descolmatación, limpieza de cauces y fortalecimiento de las capacidades de respuesta inmediata.
Las intervenciones en gestión de riesgos de desastres se desarrollan en paralelo a la formulación del plan de patrullaje urbano, requiriendo una asignación presupuestal y de personal balanceada para atender tanto los desafíos de la delincuencia como los embates del clima en la nación sudamericana.
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