En una resolución judicial de alto impacto para la economía y la soberanía del país vecino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina revocó la sentencia que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal dejó firme la medida incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, permitiendo nuevamente la compra de campos y superficies rurales sin tope de superficie por parte de capitales internacionales.
El fallo desestimó la demanda presentada originalmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los magistrados entendieron que la agrupación no contaba con legitimación procesal para cuestionar la decisión del Poder Ejecutivo, señalando la inexistencia de un «caso o controversia» bajo los parámetros de la Constitución Nacional argentina, lo que automáticamente reactivó la desregulación sobre el mercado inmobiliario rural.
La Ley de Tierras y el cambio de modelo en el agro argentino
La norma derogada, aprobada en 2011 bajo la Ley 26.737, fijaba un marco restrictivo para proteger los recursos naturales estratégicos. Entre sus puntos centrales, limitaba la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras al 15% a nivel nacional, provincial y municipal, al tiempo que prohibía que titulares de otra nacionalidad poseyeran más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo pampeana o tierras ribereñas e limítrofes con otros países.
Con la anulación de esta normativa, el gobierno argentino consolida su plan de apertura económica y desregulación de mercados clave. Mientras los defensores de la medida argumentan que el ingreso de divisas y fondos de inversión dinamizará la producción agropecuaria y forestal, diversas entidades agrarias tradicionales —como la Federación Agraria Argentina— venían manifestando su preocupación, advirtiendo que la extranjerización desmedida no soluciona las distorsiones de costos, la presión fiscal ni la falta de rentabilidad de los pequeños y medianos productores del interior.

El impacto regional y la mirada desde la cuenca del Río de la Plata
La resolución judicial no solo sacude el tablero político argentino, sino que proyecta efectos directos sobre el mapa agroindustrial del Cono Sur. Países de la región como Uruguay y Brasil observan con atención este nuevo escenario competitivo, donde la quita de restricciones legales en Argentina podría reorientar significativamente los flujos de inversión extranjera directa hacia la compra de hectáreas productivas en territorio bonaerense, cordobés y santafesino.
Uruguay, que mantiene un mercado de tierras libre y transparente pero con regulaciones específicas sobre la identificación de titulares de explotaciones agrícolas, verá competir a su sector de bienes raíces rurales con un mercado argentino liberado. La movilización de grandes fondos de inversión internacionales o empresas agropecuarias globales en la cuenca del Plata reconfigura la competencia por la producción de granos, carne y celulosa a escala latinoamericana.
El planteo constitucional frente a los argumentos del Máximo Tribunal
En su fundamentación, los jueces de la Corte Suprema precisaron que la soberanía invocada por el centro de excombatientes está delimitada formalmente en la Constitución Nacional respecto a la integridad territorial de Malvinas y los espacios insulares y marítimos. Por ende, concluyeron que las competencias soberanas del Estado no pueden ser tuteladas como un derecho de incidencia colectiva por parte de una ONG o asociación civil.

«Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia», argumentó el tribunal en el escrito. Desde el plano gremial y social, las voces críticas lamentaron la decisión judicial al considerar que desprotege un recurso renovable y estratégico en favor del libre mercado, restringiendo el debate sobre quién debe ser dueño del suelo donde se producen los alimentos del país.
El nuevo escenario para la inversión rural y los recursos naturales
La ratificación del DNU 70/2023 marca la consolidación de las reformas estructurales encaradas por el oficialismo argentino en sus primeros dos años de gestión. La eliminación del Registro Nacional de Tierras Rurales y del control interministerial abre la puerta a adquisiciones corporativas de gran escala en zonas mineras, acuíferas y de alta productividad agropecuaria.
El desenlace de esta controversia reabre la discusión parlamentaria e institucional sobre los límites al capital transnacional en recursos primarios. Con la Ley de Tierras fuera de juego, la evolución del valor de la hectárea y el impacto sobre la tenencia de la tierra en Argentina se transforman en una variable decisiva para la geopolítica de alimentos de toda América Latina.





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