La Habana ha intensificado en los últimos días la implementación de algunas de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 18 de junio de 2026. Este esfuerzo normativo se desarrolla en medio de una crisis prolongada caracterizada por la escasez de alimentos y medicamentos, apagones y falta de liquidez, y bajo la presión de la administración del presidente Donald Trump.
Iniciativas del gobierno cubano
El régimen cubano ha promovido cada paso como evidencia de una significativa apertura económica. Esta semana, la prensa oficial resaltó la publicación de un extenso paquete jurídico para el sector agropecuario, el análisis de 36 proyectos de farmacias manejadas por actores no estatales, y un seminario nacional liderado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz para acelerar la ejecución de las medidas.
El propio Marrero confirmó que 155 de las 176 transformaciones ya tienen las normas jurídicas necesarias para su implementación y que otras 17 deberían estar listas antes de finalizar septiembre. Sin embargo, admitió que el verdadero reto será traducir ese marco legal en resultados concretos para una población afectada por años de crisis económica.
Expectativas sobre la respuesta de Estados Unidos
La insistencia en mostrar avances coincide con un reclamo a Washington. El canciller Bruno Rodríguez señaló esta semana que “no ha habido ningún pronunciamiento oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre los cambios económicos y sociales decididos recientemente”. Esto genera preguntas sobre si La Habana busca simplemente aliviar la crisis interna o si también intenta que Washington reconozca las reformas y modifique su política hacia la isla.
Reformas limitadas bajo supervisión estatal
Uno de los principales avances anunciados fue el nuevo marco jurídico agropecuario, que incluye la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal y un conjunto de decretos y resoluciones complementarias.
Las disposiciones permiten el usufructo de tierras estatales ociosas para personas naturales y jurídicas, cooperativas, mipymes y ciertas entidades extranjeras. También otorgan más facultades a las cooperativas, flexibilizan la comercialización de productos y reconocen derechos sobre construcciones y mejoras realizadas por usufructuarios.
Sin embargo, el Estado cubano no transfiere la propiedad de las tierras: estas se entregan en usufructo y están sujetas a condiciones y plazos administrativos. En el sector farmacéutico, tampoco se observa una apertura plena, ya que aunque se evalúan 36 proyectos de gestión no estatal, aún no operan farmacias privadas, y el Estado mantiene el control sobre autorizaciones e importaciones de medicamentos.
Críticas al enfoque gubernamental
Desde Barranquilla, Colombia, el secretario de Estado Marco Rubio culpó al régimen cubano de la crisis y cuestionó las restricciones al sector privado.
“Si Cuba es un desastre humanitario es porque su Gobierno, su régimen, es un desastre; porque el modelo económico que siguen no funciona”, sostuvo Rubio, agregando que no permiten “que el sector privado prospere” ni que los ciudadanos elijan su camino.
Mientras La Habana percibe las medidas como un cambio y espera una reacción de EE.UU., Washington cree que la crisis no se resolverá con ajustes dentro del mismo sistema político y económico.
Reformas enfrentan desafío de resultados
La agenda de 176 transformaciones abarca 23 áreas y promete descentralización, más autonomía empresarial y municipal, una mayor apertura a la inversión extranjera y más participación del sector privado. Sin embargo, el impacto en la vida diaria aún es incierto.
Las nuevas medidas no han mostrado resultados visibles, y el país sigue dependiendo de importaciones para abastecerse. Mientras La Habana responsabiliza al embargo y las sanciones de EE.UU., Washington acusa al modelo económico de la isla. Entre estas posturas, las reformas se presentan como una posible transformación, aunque con el escepticismo de ser una estrategia de supervivencia.
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