El 19 de octubre de 2026, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) decidió expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) debido a su apoyo a la elección popular de jueces y magistrados, un mecanismo relacionado con la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024.
Decisión sobre la Exclusión
De las 70 delegaciones de magistrados participantes, 53 votos respaldaron la exclusión, 13 se emitieron en contra y cuatro fueron abstenciones. La moción obtuvo casi el 80% de los votos, superando los dos tercios requeridos por los estatutos de la organización. La votación secreta se llevó a cabo el 17 de octubre.
Contexto de la Expulsión
El procedimiento comenzó después de que la CONATRIB publicara, el 28 de junio de 2024, un pronunciamiento a favor de elegir jueces y magistrados mediante voto popular. El Comité de la UIM advirtió que este mecanismo contradice la designación por mérito y criterios objetivos, además de impactar la inamovilidad y la independencia judicial.
La asociación mexicana presentó su informe el 30 de junio de 2025, afirmando que la reforma fue resultado del ejercicio de la soberanía popular y que tiene la obligación constitucional de acatarla. Sin embargo, los relatores de Argentina y España concluyeron que la respuesta no disminuyó la preocupación central de la UIM. Indicaron que la CONATRIB apoyó un mecanismo contrario a la independencia y apoliticidad exigidas por el estatuto para las asociaciones miembro, determinando así que la organización mexicana dejó de cumplir las condiciones para su adhesión.
Reacciones de Otras Asociaciones
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) celebró la expulsión de la CONATRIB de la UIM el 19 de octubre. Según la JUFED, la decisión se tomó después de concluir que la CONATRIB respaldó la reforma judicial, vulnerando los estándares internacionales de independencia judicial. Sostuvo que el modelo de elección popular promovido afecta la función jurisdiccional al desplazar criterios como el mérito, capacidad y carrera judicial, y que las organizaciones que apoyaron la reforma convalidaron un mecanismo de sometimiento de la judicatura.
La JUFED afirmó que la independencia judicial garantiza tribunales imparciales y libres de consignas del poder. El comunicado fue firmado por la Directiva Nacional de la organización para el periodo 2026-2027.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró que el filtro más estricto para admitir asuntos redujo cerca del 30% los expedientes ingresados al tribunal, como medida para disminuir el rezago judicial. Durante el balance de su primer año de gestión, reconoció un déficit presupuestal y se comprometió a resolver antes de acabar 2026 el tema de prisión preventiva oficiosa planteado por la CIDH.
En entrevista, Aguilar explicó que la Secretaría General de Acuerdos revisa cada caso antes de admitirlo, impidiendo que asuntos sin criterio útil para el sistema jurídico nacional lleguen al Pleno. Indicó que la salida de asuntos ya supera los ingresos, reduciendo el tiempo de turno de los expedientes a la mesa de los ministros de 15 a 20 días. Destacó que anteriormente un expediente tardaba tres meses en llegar a la mesa de los ministros.
El presidente de la Suprema Corte mencionó un expediente con cuatro años de rezago y refirió un engrose final de una sentencia que demoró dos años en concluir.
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