Han pasado ya varios años desde que Jorge Batlle, con la voz pausada pero firme de quien sientió que el tiempo se le acababa, advirtió públicamente sobre un «creciente autoritarismo» y una deriva hacia prácticas que rozaban lo totalitario. En aquel momento, muchos tildaron al expresidente de exagerado o de hablar desde la herida partidaria. Sin embargo, al observar la Uruguay de hoy, resulta imposible no reconocer que Batlle tenía razón en el diagnóstico de fondo, aunque quizás se quedó corto en la adjetivación. El problema actual es más complejo y, en cierto sentido, más triste: nos enfrentamos a un gobierno que, más allá de cualquier etiqueta ideológica extrema, padece de una ineptitud estructural que hace que su pretensión de control choque constantemente contra la pared de la incapacidad.
Recordar a Batlle no es arqueología política; es un espejo incómodo. Él vio los síntomas de una enfermedad institucional: la concentración de poder, el desdén por los contrapesos y la pretensión de verdad única. Esos gérmenes siguen vivos. Pero lo que diferencia a esta gestión de las pesadillas del siglo XX no es la falta de voluntad de dominio, sino la ausencia absoluta de competencia para ejecutarlo. Estamos ante un gobierno que sueña con la eficiencia verticalista pero carece de la mínima capacidad técnica, intelectual y humana para gestionar incluso la horizontalidad básica de una república democrática.
Gobernar con aires de hegemonía siendo fundamentalmente inepto genera una paradoja devastadora. El autoritarismo competente es terrible porque oprime con eficacia; el autoritarismo incompetente es trágico porque oprime mal, destruye sin construir y genera caos en nombre del orden. Esta administración ha intentado imponer relatos únicos y disciplinar disidencias, pero cada intento se diluye en la torpeza ejecutiva. Se anuncian reformas estructurales que nunca aterrizan, se prometen transformaciones educativas que se ahogan en la burocracia y se ensayan discursos de mano dura que se desmoronan ante la primera crisis real. La retórica es de poder absoluto; la práctica es de desgobierno cotidiano.
Esta ineptitud no es solo técnica; es profundamente humana y ética. Un gobierno capaz puede ser autoritario y mantener ciertos estándares de funcionamiento estatal. Pero cuando se confunde la soberbia con la autoridad y la ignorancia con la convicción, se termina degradando la calidad de vida de las personas no por maldad planificada, sino por negligencia sistémica. La educación pública se deteriora no por un plan secreto, sino porque quienes deberían gestionarla no saben cómo hacerlo. La seguridad empeora no como estrategia de control, sino porque la política criminal es un collage de ocurrencias sin sustento. El costo de vida asfixia a la clase media no por conspiración económica, sino por la incapacidad de diseñar políticas coherentes.
Lo más peligroso de esta combinación entre pulsión hegemónica e incompetencia radical es que vacía de contenido a la democracia sin ofrecer nada a cambio. Batlle temía que perdiéramos la libertad; nosotros estamos perdiendo la libertad y, además, la esperanza de que el Estado sirva para algo. Cuando un gobierno es percibido como ilegítimo en su autoritarismo y como inútil en su gestión, se genera un caldo de cultivo perfecto para la desesperanza cívica. La gente deja de creer en las instituciones no porque sean demasiado fuertes, sino porque son débiles, erráticas y sordas.
La crítica a este gobierno no debe limitarse a repetir los adjetivos de hace una década. Debemos nombrar la verdadera patología: la mediocridad arrogante. No estamos ante tiranos ilustrados ni ante dictadores eficientes; estamos ante funcionarios que confunden la prepotencia con el liderazgo y la falta de preparación con la ideología. Esa es la gran traición a la advertencia de Batlle: él nos alertó sobre el peligro de perder la república; nosotros la estamos perdiendo no por un golpe de fuerza, sino por mil pequeñas muertes causadas por la incapacidad de quienes juraron defenderla.
Uruguay merece un debate honesto que trascienda la grieta estéril. Necesitamos reconocer que el mayor enemigo de nuestra convivencia hoy no es solo el fantasma del autoritarismo que Batlle señaló, sino la realidad tangible de un Estado que ha olvidado cómo funcionar. Recuperar la república exige, antes que cualquier batalla cultural o electoral, recuperar la decencia administrativa, la competencia técnica y la humildad democrática. Porque gobernar mal con aires de grandeza no es autoritarismo; es simplemente una tragedia nacional que nos está costando el futuro. Y frente a eso, ni siquiera la memoria de Batlle alcanza como consuelo; solo sirve como recordatorio urgente de que la democracia no se defiende solo con discursos, sino con la capacidad cotidiana de hacer bien las cosas.
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