El Gobierno de Colombia ha llevado a cabo una reorganización de las fuerzas de seguridad, transformando la antigua Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), impulsada durante el mandato del expresidente Gustavo Petro, en una nueva estructura que incluirá un escuadrón antidisturbios para intervenir en las manifestaciones.
Nueva estructura de la policía antidisturbios
Así se establece en una resolución firmada este martes por el director general de la Policía Nacional, el general Jesús Barrera Peña, la cual ha sido difundida por la prensa colombiana. El documento, de ocho páginas, describe la nueva estructura orgánica, asigna las funciones de los distintos organismos y establece un plazo de 90 días para completar los trámites administrativos necesarios antes de implementar los cambios, según el diario ‘El Tiempo’.
Creación de la Unidad Nacional Antidisturbios
En sustitución de la UNDMO, se instaurará la Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI), que integrará los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), recuperando las siglas utilizadas antes de los cambios aplicados por el gobierno de Petro (2022-2026). La UNADI estará subordinada a la Subjefatura Nacional del Servicio de Policía e intervendrá en situaciones donde las capacidades institucionales sean insuficientes o se encuentren superadas.
División regional y respuesta a desórdenes públicos
La nueva unidad estará constituida por ocho unidades regionales y 30 Escuadrones Móviles Antidisturbios, de los cuales cinco se ubicarán en la capital, Bogotá. Estos cambios superan un simple cambio de nombre, redefiniendo la organización de la policía y estableciendo una cadena de mando, lo que representa un cambio en la forma en que el actual Gobierno plantea responder a los desórdenes públicos. La oposición y diversos sectores de la sociedad civil critican esta medida como un posible intento de reprimir las libertades y el derecho a la protesta.
Manifestaciones y reacciones frente al nuevo decreto
Decenas de miles de personas se manifestaron este miércoles en las principales ciudades de Colombia para exigir mejoras en las condiciones laborales y el sistema educativo, en lo que fue el primer paro nacional contra el Gobierno de De la Espriella. Las movilizaciones, organizadas por sindicatos, grupos estudiantiles, la oposición y sectores de la sociedad civil, coincidieron con la promulgación, un día antes, de un decreto que «define el nuevo protocolo de actuación de las autoridades en el marco de manifestaciones públicas» y que «regula el uso de la fuerza legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica».
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