La ONPE confirma la multa a Renovación Popular por uso indebido de financiamiento público
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha declarado infundado el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular, partido dirigido por Rafael López Aliaga, y ha confirmado la sanción de 198 mil soles por el uso indebido del financiamiento público directo (FPD). Con esta resolución, el partido solo podrá presentar un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un intento de revertir la sanción.
Detalles de la sanción y antecedentes del proceso
La sanción impuesta consiste en una multa equivalente a 36 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), calculadas en 198 mil soles, considerando que la UIT en 2026 tiene un valor de 5.500 soles. Además, se le ha restringido el acceso a la mitad del financiamiento público directo asignado durante este período, que representa un 60% de los recursos. La infracción, calificada como muy grave, fue detectada en atención a la prohibición establecida en el numeral 7 del literal c) del artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe destinar los fondos públicos a fines distintos para los que fueron otorgados.
La ONPE descartó las alegaciones de caducidad que planteó Renovación Popular, aclarando que la imputación de cargos se notificó el 10 de enero de 2026, y que la resolución se emitió dentro del plazo legal, ya que la notificación de la sanción ocurrió el 1 de octubre, dentro del límite de nueve meses establecido para estos procedimientos. En cuanto al pedido de recálculo del monto de la multa, el organismo sostuvo que el partido no aportó elementos que cuestionaran los gastos y montos determinados, limitándose a realizar alegaciones generales sin señalar errores específicos en el cálculo.
Fundamentos y motivos de la sanción
Entre los gastos observados por la ONPE figuran compras atribuibles al representante legal del partido, que incluyeron alimentos, bebidas, medicamentos, gastos de hospedaje, viajes y transporte privado. La autoridad electoral resaltó que estos tipos de gastos no son necesarios para el funcionamiento político, sino que satisfacen necesidades personales, razón por la cual constituyen una utilización inadmisible de los recursos públicos.
Asimismo, la resolución confirmó la improcedencia de un servicio contratado como “administración de redes sociales”, ya que en la práctica consistió en el análisis de la cuenta de TikTok del presidente del partido, Rafael López Aliaga, lo que fue considerado un uso indebido de fondos públicos. También se recordó que el monto de 47,320 soles empleado en actividades de capacitación con la Asociación Cristiana de Asesores Políticos (ACAP) ya había sido explicado en detalle en la resolución original, que señaló la existencia de pagos adicionales considerados injustificados.
En lo que respecta a los intereses moratorios por depósitos de fondos de AFP fuera de plazo, Renovación Popular no presentó defensa alguna, admisión que fue considerada responsable por la ONPE por un error administrativo involuntario en el cronograma de pagos. Pese a que el partido devolvió voluntariamente el monto, la autoridad electoral mantuvo la infracción, argumentando que la conducta negligente fue responsable del gasto y que la devolución ocurrió después del inicio del procedimiento sancionador, lo que impide eximir al partido de responsabilidad.
En consecuencia, la resolución de la ONPE declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular, y afirmó que la única vía para impugnar la sanción es mediante la presentación de un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones.
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