En un nuevo zarpazo a la institucionalidad y al mercado, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la Ley N.º 1287, mediante la cual el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo disolvió la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, junto con los organismos Procompetencia y la DIRAC.
La normativa, publicada el 30 de octubre de 2026 en el diario oficial La Gaceta, sepulta la Ley N.º 601 de Promoción de la Competencia y deja sin efecto todas las acreditaciones otorgadas a árbitros, mediadores y centros privados de resolución de controversias. Los bienes y activos de estas entidades pasan de inmediato a ser absorbidos por el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de Justicia.
El régimen liquida la mediación independiente para concentrar el arbitraje
La desaparición de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) borra de un plumazo un sistema vigente desde 2005 que permitía a ciudadanos, pymes y empresas resolver disputas civiles y penales sin someterse a largos y costosos litigios judiciales.
La medida implica el cierre inmediato de las sedes de la DIRAC en todos los departamentos y regiones del país, dejando en la calle a decenas de trabajadores y privados de una vía neutral de negociación a los usuarios. Juristas nicaragüenses denunciaron a la prensa independiente que, si bien la mediación formalmente retorna a la órbita de los juzgados, el objetivo de fondo es político: al estar el Poder Judicial completamente subordinado al Ejecutivo, Ortega y Murillo se erigen como los únicos y absolutos árbitros de cualquier diferencia en la sociedad.
Vía libre a los monopolios y a la concentración económica
Con la supresión de Procompetencia, Nicaragua se queda además sin el órgano oficial encargado de vigilar, sancionar y prevenir las prácticas anticompetitivas, la fijación arbitraria de precios y el abuso de posición dominante por parte de grandes conglomerados o cárteles económicos.
Antecedentes de la entidad incluyeron intervenciones clave contra asociaciones bancarias para evitar acuerdos de tasas de interés desmedidas y proteger a los consumidores. Tras la derogación de la ley, el mercado nicaragüense queda sin protecciones frente a la formación de monopolios, en un movimiento que analistas señalan como una maniobra para consolidar el control económico en manos de sectores afines al régimen.
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